Una sesión municipal marcada por dudas, cifras que no coinciden y una advertencia clara: si no se aclaran las compras, el proyecto educativo podría terminar devolviendo millones al Estado.
La sala del Concejo Municipal de Colchane no estaba en calma aquella tarde del 15 de diciembre de 2025. La Sesión Ordinaria N°38 avanzaba con el protocolo habitual hasta que un punto en tabla removió las certezas: la implementación del taller de mecánica del Liceo de Colchane, financiado con recursos del Ministerio de Educación, entraba en zona de turbulencia.
El proyecto había nacido con entusiasmo. Meses antes, estudiantes del liceo, acompañados por concejales, viajaron desde el altiplano hasta Iquique para conocer en terreno cómo funcionaba la especialidad de mecánica en la línea CAP (Carrera de Técnico en Mecánica y Electromovilidad Automotriz). Volvieron con una convicción: Colchane también podía formar técnicos preparados, con equipamiento moderno y enseñanza de calidad. El Ministerio escuchó la propuesta y transfirió los recursos. El municipio debía ejecutar.
Sin embargo en la sesión, ese relato comenzó a resquebrajarse.
El dinero llegó, pero el taller no
Según expuso la administración municipal, el proyecto consideraba una inversión total cercana a los 58 millones de pesos, divididos en dos transferencias. En julio, llegó la primera cuota: 29.450.000 pesos, equivalentes al 50% del financiamiento. Con esos recursos se inició el proceso de compra.
El Ministerio había sido claro: la implementación debía contemplar herramientas, un banco didáctico con simulador y maquetas pedagógicas especializadas, elementos clave para el aprendizaje técnico. Pese a ello, el municipio optó por adquirir solo las herramientas, argumentando que el banco didáctico había subido considerablemente de precio y que la primera cuota no alcanzaba.
Se compraron herramientas, se rindieron los gastos y el Ministerio transfirió la segunda cuota. Todo, en apariencia, seguía el curso administrativo correcto.
Pero fue entonces cuando comenzaron las preguntas incómodas.
“Los valores no calzan”
La concejala Pamela Castro tomó la palabra y puso sobre la mesa una inquietud que ya no era técnica, sino política y fiscalizadora. Relató una visita al liceo junto a otros concejales y una conversación directa con el profesor a cargo del proyecto.
Según ese testimonio, las maquetas pedagógicas que debían costar entre 8 y 9 millones de pesos, aparecían en facturas por montos cercanos a los 2 millones. El tamaño, las especificaciones y la complejidad no coincidían.
—»Cuando un proyecto se gana con estándares definidos, esos estándares deben cumplirse»—, advirtió la concejala.
La respuesta municipal fue tajante: no se habían comprado maquetas, solo herramientas. La réplica llegó de inmediato: había facturas, había correos, había implementos en el liceo rotulados como “maqueta”.
El ambiente se tensó.
Además, en el concejo se cuestionó la compra de un carro de transporte para estos elementos que, en el mercado cuestan, en promedio, $90.000, pero que se habrían adquirido en $1.000.000.
Posterior a ello, se visibilizó la compra de «Cautines» (herramienta eléctrica esencial utilizada para unir componentes metálicos) en $700.000 aproximados, que en el precio común se adquiere por $6.000 c/u.
¿Ahorro o irregularidad?
Otros concejales reforzaron las dudas. Aseguraron haber comparado cotizaciones originales con lo efectivamente adquirido y detectaron diferencias significativas de precio, incluso multiplicadas por tres o cuatro veces entre lo presupuestado y lo comprado.
Se habló de herramientas de baja calidad, de sistemas sin manual pedagógico, de equipos que no cumplían la función educativa para la cual fueron solicitados. Un ejemplo se repitió en la sala: una maqueta sofisticada, diseñada para enseñanza técnica, reemplazada —según los ediles— por implementos sin respaldo didáctico.
La pregunta flotaba sin respuesta clara: ¿Dónde está el resto del dinero?
Desde la administración municipal insistieron en que no existe ninguna irregularidad, que los fondos están íntegros en las arcas municipales, intocables por norma, y que las compras se realizaron conforme a la ley, privilegiando siempre la oferta más económica, tal como obliga la licitación pública.
—»Si hubo ahorro, es porque el mercado así lo permitió»—, fue el argumento central.
Para los concejales críticos, ese “ahorro” podría convertirse en un problema mayor: el Ministerio podría exigir la devolución de los recursos si el proyecto no se ejecuta conforme a lo aprobado.
El riesgo de devolver millones
Ese fue el punto más delicado de la sesión. La advertencia no vino desde la oposición política, sino desde la lógica administrativa: si las compras no se ajustan al proyecto original, el financiamiento podría ser objetado.
La concejala Castro fue directa: pidió certificados, respaldos formales y claridad absoluta antes de aprobar una modificación presupuestaria que permitiría avanzar con la segunda etapa del proyecto.
—»Aquí no está en juego un trámite»— señaló—, está en juego la educación de los estudiantes y la posibilidad real de que estos recursos se pierdan.
Otro concejal fue más duro: calificó las compras como “de mala calidad” y alertó que el taller podría terminar siendo una simulación sin capacidad real de enseñanza.
Un taller, muchos silencios
La sesión no resolvió todas las dudas. El municipio defendió su actuar, los concejales mantuvieron sus reparos y el proyecto quedó en una delgada línea: avanzar rápido para licitar el banco didáctico y las maquetas —que pueden tardar hasta 110 días en fabricarse— o frenar, revisar y eventualmente corregir ante el Ministerio.
Mientras tanto, los estudiantes del Liceo de Colchane siguen esperando. Para ellos, la discusión no es contable ni administrativa. Es concreta: tener o no tener un taller que funcione, aprender con herramientas reales o con implementos incompletos.
En la sala quedó una sensación compartida, aunque no reconocida en voz alta: cuando los números no cuadran, la confianza se resiente. Y cuando eso ocurre, el costo no siempre se mide en pesos, sino en oportunidades perdidas.
