Tras la suspensión del proceso que buscaba modificar el sistema de tierras mapuche, el Gobierno confirmó un gasto de $389 millones en solo 48 días. Con una baja participación y un contrato finalizado, el Ministerio de Desarrollo Social se ve obligado a restituir los fondos sobrantes a las arcas fiscales.
Cifras polémicas arrojó el balance de la fallida consulta indígena impulsada por el Ejecutivo para reformar el sistema de tierras en el sur de Chile. En un periodo de apenas un mes y medio, la logística de 71 encuentros significó una inversión millonaria que hoy es cuestionada tanto por la baja convocatoria como por la interrupción definitiva del proceso.
Las cifras de la controversia
El proceso, que abarcó las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, se desarrolló entre el 13 de agosto y el 29 de septiembre de 2025. Los datos oficiales revelan un gasto total de $389.000.000, lo que arroja un promedio de $5.478.000 invertidos por cada reunión.
A pesar del despliegue financiero, el impacto fue acotado: solo 3.625 personas de origen mapuche participaron en los encuentros, una cifra mínima considerando el presupuesto total licitado de más de mil millones de pesos.
Restitución obligatoria de fondos
El abogado Fabián Salas, encargado del seguimiento de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, confirmó que el Ministerio de Desarrollo Social deberá reintegrar más de $600 millones de pesos al fisco. Esto ocurre debido a que el contrato con la productora Ditecsur Limitada finalizó el pasado 31 de diciembre, dejando esos recursos sin utilizar tras la suspensión de la consulta.
Críticas desde las comunidades
El descontento no solo es administrativo. Danko Marimán, dirigente del Trawun de comunidades de Temuco, fue enfático en señalar que el proceso carece de sentido: «No tiene lógica seguir dilapidando recursos en un proceso que ya fracasó», sostuvo el líder indígena.
Por su parte, la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas indicó que, si bien administrativamente existe la posibilidad de reactivar la consulta o abrir una nueva licitación, por ahora los recursos sobrantes deben volver al Estado.
