La relación del Gobierno de Javier Milei, mandatario de Argentina, con los medios de comunicaciones suma una nueva escalada de tensión.
Esto, luego de que en el Boletín Oficial se publicara una reglamentación hecha para limitar el acceso a la información pública.
En definitiva, la normativa establece que el Estado no está obligado a dar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todos aquello que sea preparatorio de una decisión estatal.
El documento, además, aumenta los criterios de excepción para no brindar información pública.
CIUDADANÍA
Esto se traduce en que los ciudadanos argentinos no tendrán la posibilidad de indagar sobre quién ingresa a la residencia oficial del mandatario, ni cuántos perros lo acompañar. Según se señala en el boletín, puesto que se excluye la información que tiene relación con el hacer en el ámbito privado del funcionario o magistrado, “especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
La polémica medida ha provocado reacciones. Por ejemplo, la Fundación Poder Ciudadanos indicó que “ningún decreto puede restringir el Acceso a la Información Pública más allá de lo que lo hace la Ley sancionada democráticamente por el Congreso”.
Es más, la entidad recordó que “el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales” y que “la información está en manos del Estado, pero le pertenece a la ciudadanía”.
Para el Foro de Periodismo Argentino la medida “implican un grave retroceso democrático”, porque “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”, y alertó de que “ataca todos los principios de transparencia activa”.
Cabe destacar que hace siete años que en el país trasandino rige una ley de Acceso a la Información Pública que permite el acceso a la información estatal por parte de la ciudadanía. El sistema ha servido para develar comportamientos impropios.
