La senadora UDI Luz Ebensperger respaldó la idea del presidente electo José Antonio Kast de volver a convertir la migración irregular en delito, pero advirtió que la medida requiere ajustes: plantea que el Ejecutivo debe poder elegir entre perseguir penalmente o expulsar administrativamente, para evitar que tribunales obstaculicen las expulsiones como ocurrió antes de la Ley de Migración de 2021, que despenalizó el ingreso clandestino.
El eco de una frase política puede ser tan poderoso como un trueno que sacude un desierto. A poco más de un mes de que José Antonio Kast asuma la Presidencia de Chile, su propuesta de convertir el ingreso irregular al país nuevamente en un delito penal ha abierto un debate que no solo traspasa los límites del Congreso, sino que divide argumentos e inquietudes en las regiones fronterizas, especialmente en Tarapacá.
En el centro de esta controversia está la senadora Luz Ebensperger (UDI), representante de la zona, que enfrenta de primera mano los flujos migratorios por pasos no habilitados, senderos de quebradas y rutas fronterizas que reciben a miles de personas cada año. Ebensperger, conocida por su firmeza en materias de seguridad y control fronterizo, respaldó la idea central de Kast, pero con una advertencia que puede cambiar el rumbo de la discusión en la Cámara Alta.
Entre castigo y pragmatismo
El presidente electo ha anunciado que su intención es lograr en los primeros 90 días de gobierno un acuerdo con el Congreso para que el ingreso irregular vuelva a ser un delito penal. La propuesta marca un punto de inflexión en la política migratoria chilena y trae a la memoria una norma que rigió más de cuatro décadas.
Hasta 2021, el ingreso sin documentación válida era considerado un delito desde 1975, pero con la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería, Chile despenalizó el ingreso irregular, convirtiéndolo en una infracción administrativa sancionada con multas, reconducción o expulsión, pero no con cárcel.
Sin embargo, Ebensperger plantea que la medida no puede ser un simple retorno al pasado sin considerar las complejidades del sistema judicial y migratorio actual. “Estoy de acuerdo con que el ingreso irregular sea delito”, afirmó la senadora, “pero no puede ser delito puro y simple”. Y en esa frase resume meses de análisis político y operativo sobre cómo se vive la realidad en zonas de frontera.
No basta con declarar delito: las condiciones que propone Ebensperger
La senadora explicó que la clave no está solo en penalizar el ingreso irregular, sino en dar herramientas al Ejecutivo para elegir entre dos caminos:
- Ejercer la acción penal por ingreso clandestino, es decir, iniciar un proceso judicial que podría terminar en condena.
- Optar por la expulsión administrativa sin necesidad de agotar procesos penales cuando no sea procedente.
Ebensperger recordó su propia experiencia como intendenta, enfrentando la aplicación de la norma anterior. En ese entonces, al emitir decretos de expulsión, muchos migrantes presentaban recursos de amparo, argumentando que su derecho no podía ser vulnerado por una expulsión sin condena previa. Para la Corte, era indispensable una sentencia condenatoria por delito de ingreso clandestino para que el Ejecutivo pudiera expulsar legalmente. Ese fue el cuello de botella que, según la senadora, “hizo subir como espuma” los recursos judiciales y retrasó las resoluciones administrativas.
“Lo importante no es solo que se convierta en delito, sino que se le establezca al Ejecutivo la facultad de ejercer esa acción y llevarla hasta el final —o renunciar a ella y expulsar administrativamente— sin quedar atrapado por tecnicismos procesales que al final benefician la irregularidad más que la regularización.”
Un debate que no solo es legal, sino social
Para Ebensperger, esta no es solo una encrucijada legal, sino un desafío social y humanitario: cómo equilibrar el control fronterizo con el respeto a los derechos humanos, cómo castigar a quienes vulneran la ley sin convertir a las personas en meros números de una estadística política.
También subrayó que penalizar el ingreso irregular sin incluir condiciones claras para aplicar la norma podría saturar aún más la justicia penal, que hoy ya enfrenta congestión procesal, dificultando el objetivo que se pretende alcanzar: disuasión real, no únicamente un enunciado en un papel.
¿Qué sigue para la propuesta de Kast?
El proyecto que propone Kast deberá ser debatido en el Congreso, donde Ebensperger —junto con otros sectores de su coalición— busca instalar un enfoque dual: penal cuando corresponda y administrativo cuando sea más eficaz.
La senadora advierte que un sistema que solo castiga penalmente podría:
- generar congestión en tribunales,
- prolongar estancias judiciales,
- limitar la expulsión expedita de quienes no califican para permanecer en el país,
- e incluso vulnerar derechos fundamentales si no se regula cuidadosamente.
Voces desde Tarapacá: realidad en terreno
Las fronteras de la zona norte no son líneas imaginarias en un mapa; son espacios de tránsito constante, acompañados de desafíos de seguridad, empleo, servicios básicos y convivencia ciudadana. Ebensperger ha escuchado a alcaldes, comunidades rurales, servicios públicos y organizaciones sociales que piden soluciones con efectividad operativa, no solo declaraciones retóricas.
La senadora insiste en que la nueva legislación debe desarticular las redes de tráfico irregular y a la vez resguardar los derechos de quienes buscan una vida mejor, porque “no todos los ingresantes irregulares son delincuentes, pero sí todos deben respetar la ley”.
No todo es blanco o negro
Lo que parecía una propuesta clara —volver a penalizar la migración irregular— se ha transformado en un debate profundo sobre cómo hacerlo, bajo qué condiciones y qué mecanismos legales acompañarán la norma para que no termine siendo letra muerta.
Ebensperger propone una mirada técnica, consciente de la realidad judicial y administrativa, y a la vez sensible a la complejidad humana del fenómeno migratorio.
Mientras el país se prepara para escuchar el proyecto de Kast en el Congreso, el país observa: ¿será este un giro efectivo en política migratoria o solo un regreso simplista a fórmulas que el mundo moderno ya desechó?
Chile está a punto de responderlo.
