Lo que por años colgó sobre postes y fachadas comienza a desaparecer gracias a una política preventiva liderada por Pablo Maturana Fuentes, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Arica y Parinacota, que decidió ordenar la ciudad antes de que la norma obligara a hacerlo.
Por años, caminar por Arica implicó mirar hacia arriba con cautela. No por el sol inclemente ni por las gaviotas del borde costero, sino por una telaraña urbana que parecía crecer sin control: cables colgando, enredados, muertos, olvidados. Un paisaje normalizado, pero peligroso. Un desorden que hablaba de progreso, sí, pero también de abandono.
Hoy, ese cielo comienza a despejarse.
Lo que para muchos era solo “parte del paisaje” se transformó en una prioridad de gestión pública, porque gobernar no es solo legislar desde los escritorios: también es ordenar lo que vemos, lo que pisamos y lo que amenaza nuestra seguridad cotidiana. En Arica, el retiro de cables en desuso dejó de ser una promesa y se convirtió en acción concreta.
La cruzada no fue menor. Durante años, el crecimiento acelerado de las telecomunicaciones dejó cicatrices visibles en postes, fachadas y veredas. Infraestructura antigua, líneas obsoletas y empresas que avanzaron más rápido que la regulación. El resultado: riesgo eléctrico, contaminación visual y barrios atrapados en un enjambre de cables sin función.
Ante ese escenario, el Estado decidió adelantarse. Mucho antes de que la ley obligara, se activó una estrategia preventiva encabezada por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Arica y Parinacota, articulando mesas técnicas, coordinación intersectorial y presión constante para que las empresas asumieran responsabilidades largamente postergadas.
Las cifras hablan por sí solas y no admiten maquillaje. Entre 2018 y 2021 se retiraron poco más de 26 kilómetros de cableado en desuso. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó después: entre 2022 y 2025, el ritmo se aceleró y se superaron los 30 kilómetros adicionales. En total, más de 56 kilómetros de cables fueron arrancados del aire urbano. Una cirugía mayor al desorden.
El cambio más profundo no es solo físico. Es normativo. En septiembre de 2025 entró en vigencia el reglamento de la Ley N°21.172, marcando un antes y un después. Desde ese momento, el retiro de cables dejó de depender de la buena voluntad y pasó a ser una obligación legal. Las empresas ahora deben presentar planes anuales, mantener su infraestructura y responder ante emergencias con plazos claros.
Pero el verdadero giro está en los municipios. Por primera vez, las municipalidades no solo observan: actúan. La ley les entrega la facultad de coordinar retiros, ejecutar trabajos y, si las empresas incumplen, cobrar los costos. El poder baja al territorio. La ciudad se defiende.
El mensaje es contundente: la conectividad no puede seguir creciendo a costa del espacio público. El progreso no justifica el abandono. Tener internet y telecomunicaciones modernas no significa vivir bajo un cielo enredado.
Este nuevo marco no es un favor, es una conquista ciudadana. Menos cables implican más seguridad, barrios más limpios y ciudades que respetan a quienes las habitan. Arica comienza a recuperar su horizonte, poste a poste, calle a calle.
Y mientras los cables caen, queda claro algo esencial: ordenar la ciudad también es una forma de cuidar a su gente. En el extremo norte del país, el cielo ya no es solo azul. Ahora también es más libre.
