En una ceremonia encabezada por ministros y alcaldes, el Gobierno promulgó la Ley de Seguridad Municipal, una normativa que redefine el alcance de los gobiernos locales en el combate contra la delincuencia. El nuevo marco legal busca dotar de herramientas reales a las municipalidades, permitiendo patrullajes mixtos con Carabineros y regulando por primera vez las facultades de los inspectores de seguridad en el territorio nacional.
La implementación de esta ley responde a la necesidad de adaptar la seguridad a las particularidades de cada zona del país para dar respuestas más rápidas y eficaces. Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, afirmó que “las realidades territoriales son distintas y ese problema no es solo a nivel regional, es que en una misma región, una común al lado de la otra, enfrenta situaciones que son disímiles”. Bajo esta premisa, los inspectores podrán fiscalizar alcoholes, tránsito y prestar apoyo directo en casos de violencia intrafamiliar.
Uno de los pilares de la reforma es el equipamiento de protección, facultando a los municipios para dotar a su personal de chalecos, bastones, gas pimienta y esposas, aunque excluyendo el uso de armas de fuego. Ante ello, el ministro de Seguridad Pública destacó que “el rol de los municipios en materia de prevención es esencial y es que la prevención exige esfuerzo, tiempo, recursos y, sobre todo, tenacidad”. Esta protección se complementa con convenios obligatorios con el Ministerio Público.
Finalmente, el Ejecutivo recalcó que la normativa reconoce a los municipios como un «miniestado» con capacidad de gestión transversal. “Hay un conjunto de prestaciones que pueden ver los alcaldes y alcaldesas que están acá presentes en términos transversales y que las autoridades nacionales pueden difícilmente capturar”. Para sustentar estos cambios, se inyectarán $5.000 millones a las comunas con menos recursos, apoyados por fondos del Royalty Minero.
