En una decisión que genera un fuerte precedente dentro del Poder Judicial, la Corte Suprema confirmó este lunes 25 de agosto de 2025 la suspensión por cuatro meses de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero.
La sanción había sido inicialmente aplicada por la propia Corte de Apelaciones de Santiago y ratificada hoy por el Tribunal Pleno tras revisar la apelación presentada por la defensa de la magistrada.
Durante la sesión extraordinaria realizada esta mañana, los ministros escucharon los alegatos de los abogados de Sabaj Escudero, analizaron los antecedentes del sumario administrativo y deliberaron antes de comunicar la decisión. La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo Labra, señaló que “se adoptó una decisión que confirma la sanción impuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago. El fallo completo será entregado cuando se redacte oficialmente”.
La ministra Melo agregó que el cuaderno de remoción que la Corte Suprema había ordenado abrir contra Sabaj Escudero permanece suspendido mientras se encontraba vigente la investigación administrativa. “Una vez que se publique el fallo, se reactivará el cuaderno y su tratamiento dependerá del presidente de la Corte Suprema en su momento”, aclaró.
Suspensión y consecuencias
Con la resolución de hoy, Verónica Sabaj Escudero deberá apartarse de sus funciones durante cuatro meses, período en el que no podrá ejercer ninguna de las atribuciones propias de su cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago.
La medida constituye un mensaje claro sobre la disciplina administrativa dentro del sistema judicial y subraya la responsabilidad de los magistrados frente a eventuales faltas en el ejercicio de sus funciones.
El caso mantiene la atención de la comunidad jurídica, ya que el futuro de Sabaj Escudero dependerá de los pasos que siga el proceso de remoción, que podría redefinir su permanencia definitiva en la Corte de Apelaciones.
Analistas coinciden en que la decisión de la Corte Suprema refuerza la transparencia y la rigurosidad en los procedimientos internos del Poder Judicial, enviando una señal sobre la importancia de la ética y la conducta administrativa de los jueces en ejercicio.
Esta resolución se suma a una serie de medidas disciplinarias que buscan fortalecer la credibilidad de la judicatura y asegurar que los funcionarios judiciales respondan a los estándares de responsabilidad exigidos por la ley y la ciudadanía.
Fuente: Poder Judicial de Chile
