El Ministerio Público confirmó que no descarta solicitar la declaración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la investigación por el crimen de Ronald Ojeda, un caso que —según antecedentes judiciales y reportajes de CIPER— involucra al Tren de Aragua y posibles decisiones tomadas fuera del país.
La investigación sobre el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una maleta bajo una losa de cemento en Santiago, ha entrado en una fase tan compleja como insólita: fiscales chilenos no descartan solicitar la declaración del presidente venezolano Nicolás Maduro, convencidos que puede poseer información relevante para esclarecer una trama que mezcla crimen organizado, política y presunta injerencia transnacional.
Esta línea de investigación fue confirmada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien en conversación con medios subrayó la apertura a “todas las diligencias posibles”, incluso si estas llevan a personas que ejercen o ejercieron altos cargos en el gobierno venezolano.
Un crimen que no se entiende sin contexto
El caso Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, pronto dejó de ser un homicidio común. El hallazgo macabro del cuerpo del militar venezolano fue solo el primer eslabón. Desde entonces, la Fiscalía ECOH (Equipo de Crimen Organizado y Homicidios) ha reunido una vasta cantidad de pruebas, peritajes y testimonios que sostienen la tesis de un crimen planificado y ejecutado por una célula del Tren de Aragua, organización criminal con presencia transnacional en varios países, incluido Chile.
Investigaciones periodísticas han ido aún más allá, mostrando cómo esta estructura opera y se financia en Chile. Un extenso reportaje de CIPER Chile indagó la presencia de redes financieras, sociedades y métodos de lavado de activos vinculados al Tren de Aragua, que habrían manipulado canales económicos formales sin que estos generaran alertas tempranas, según la Unidad de Análisis Financiero y las indagatorias judiciales.
Evidencia que conecta crimen y política
Más allá de la violencia criminal, los fiscales consideran que detrás del asesinato de Ojeda hay una motivación política, no solo delictual, debido al perfil del militar disidente venezolano y el contexto de su desaparición. En ese sentido, Barros no descartó que Maduro o altos representantes del régimen puedan tener información crucial, aunque reconoció que el solo hecho de solicitar su declaración es un proceso jurídico complejo que requeriría cooperación internacional.
La ruta contemplada por la Fiscalía implicaría solicitudes formales a través de Cancillería y organismos multilaterales, canalizadas a través de acuerdos entre ministerios de justicia y las instituciones judiciales respectivas, en un proceso que puede tardar meses o incluso años.
La pista de Cabello y las órdenes desde Venezuela
Mientras se debate la posible declaración de Maduro, la investigación ya tiene nombres más cercanos a la operatividad del crimen. Según informes citados por medios nacionales e internacionales, Diosdado Cabello, figura clave del régimen venezolano, aparece en algunos testimonios recopilados por la Fiscalía como parte de la cadena de mando que habría encomendado el secuestro a través de líderes del Tren de Aragua como Héctor “Niño Guerrero” Flores, desde Venezuela.
Las evidencias incluyen declaraciones de testigos y grabaciones de miembros de la célula “Los Piratas”, que identificaron tanto a Guerrero como a otros operadores en Chile encargados de ejecutar el plan criminal. Este tipo de pruebas ha reforzado la tesis de un mando transnacional detrás del homicidio de Ojeda.
Golpe al crimen organizado y cooperación internacional
El caso ha tenido repercusiones operativas claras. Chile ha logrado detenciones dentro y fuera del país: autoridades confirmaron la extradición de imputados desde Estados Unidos, incluidos miembros de la banda vinculados al asesinato de Ojeda, en una señal de cooperación internacional sin precedentes contra este tipo de estructuras transnacionales.
Paralelamente, un megaoperativo conjunto entre la PDI, Carabineros, Gendarmería y el Ministerio Público permitió la detención de varias personas implicadas en el caso, entre ellos un hombre señalado de haber enterrado el cuerpo de Ojeda en la toma “Vicente Reyes” de Maipú.
La visión de la familia: crimen por encargo con trasfondo político
En medio de las diligencias, la familia de Ronald Ojeda, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez, ha sostenido que los nuevos antecedentes —especialmente los recopilados por medios como CIPER— dan sustento a su acusación inicial de que se trató de un crimen por encargo, vinculado a una asociación criminal organizada con motivaciones políticas y logísticas internacionales.
Manríquez ha abogado por reforzar las solicitudes ante la Corte Penal Internacional (CPI), buscando órdenes de arresto adicionales y la participación de la justicia de Nueva York, que ya ha visto causas asociadas a integrantes de la banda.
Hacia un juicio de alcance continental
La causa que partió como un secuestro con homicidio en Chile se ha extendido geográficamente y existe la posibilidad de que termine implicando a figuras políticas de alto nivel y a mecanismos de cooperación judicial internacional. La Fiscalía chilena ha sido enfática en no descartar ningún horizonte investigativo, por difícil o lejano que parezca.
Mientras tanto, la sociedad chilena y el sistema judicial siguen desenmarañando una madeja donde crimen organizado, política internacional y justicia penal contemporánea convergen, con un solo objetivo: que ningún responsable quede fuera del alcance de la ley.
