La seguridad pública en Iquique, un ámbito clave para enfrentar delitos, desórdenes y emergencias, atraviesa una tormenta política y administrativa. Según una investigación y publicación realizada por el medio local El Sol de Iquique, a la Municipalidad se le acusa de haber convertido una de sus áreas más sensibles en escenario de acomodos familiares y favores políticos, una práctica que podría vulnerar normas de probidad y abrir un flanco jurídico complejo.
Un nombramiento que encendió las alarmas
En la sesión del Concejo Municipal del 4 de septiembre, quedó al descubierto que Rocío del Pilar Sarmiento Gandarillas asumió como subrogante de la Dirección de Prevención y Seguridad Pública, en reemplazo de Gonzalo Prieto Navarrete, quien solicitó vacaciones para dedicarse a su campaña como candidato al Senado por Tarapacá.
Hasta hace pocas semanas, Sarmiento se desempeñaba en SECOPLAC, con una remuneración de más de $4 millones. Hoy, tras la subrogancia, ocupa el sillón de una de las oficinas más estratégicas del municipio, con poder de decisión sobre planes, recursos y equipos encargados de la seguridad comunal.
El problema es que no llegó sola: Rocío es hija de Marta del Pilar Gandarillas Guisa, actual jefa de Personal del municipio. Así, madre e hija concentran atribuciones en recursos humanos y seguridad, dos áreas neurálgicas de la gestión local.
“Es un caso de nepotismo que no se puede disimular. La jefa de Personal es madre de la nueva subrogante en Seguridad. Eso, en cualquier administración pública, es un conflicto de interés”, señalaron fuentes internas del municipio a El Sol de Iquique.
Una designación que salta la fila
La controversia no solo gira en torno al parentesco. Funcionarios de carrera de la Dirección de Prevención y Seguridad Pública quedaron al margen, pese a contar con experiencia y formación específica. En su lugar, el alcalde Mauricio Soria optó por designar a una funcionaria que llevaba menos de un mes en la unidad y que, según versiones internas, arrastraba un historial de licencias médicas que superarían el límite legal de 180 días en dos años.
“El mensaje que se da es devastador: no importa el mérito, importa el apellido”, comentó un concejal durante la sesión.
El marco legal y las contradicciones
La Ley 18.575 y el Estatuto Administrativo establecen reglas estrictas contra el nepotismo y regulan con detalle las subrogancias. El espíritu de estas normas es evitar que lazos de sangre determinen el acceso a cargos públicos.
Sin embargo, la Municipalidad defiende el nombramiento amparándose en el artículo que faculta al alcalde a modificar el orden de reemplazos. Para la oposición municipal, esa interpretación es forzada. “Lo que se presenta como legalidad es, en realidad, un uso discrecional de las normas”, subrayó un concejal opositor.
Aún más llamativo es que la propia jefa de Personal, Marta Gandarillas, notificara que se inhabilitaba de participar en trámites vinculados a su hija. Para críticos, este acto es la confirmación de que el conflicto de interés existe y que el nombramiento nunca debió concretarse.
Las voces del Concejo
Las reacciones de los ediles no se hicieron esperar. El concejal Gabriel Jofré pidió que el caso sea revisado por la Contraloría:
“La ciudadanía exige transparencia. Este no es un asunto personal, es probidad en la función pública. Si hay irregularidades, debemos llegar hasta el final”.
El concejal Martín Lonza fue más duro:
“La municipalidad no puede transformarse en un feudo familiar. Lo que se vive hoy es el resultado de años de redes de poder que se heredan como patrimonio privado”.
En tanto, la concejal Carolina Valdés señaló que lo ocurrido daña la confianza ciudadana:
“Cuando la seguridad comunal se administra con criterios familiares, el municipio pierde legitimidad. Esto debe aclararse con urgencia”.
La respuesta oficial
Desde la administración, se recalcó que Rocío Sarmiento cuenta con formación en ingeniería comercial y administración, y que la subrogancia está respaldada por el Decreto Alcaldicio Nº447. Se agregó que la madre de la funcionaria quedó legalmente inhabilitada para cualquier trámite que la involucre, y que no existen sumarios ni denuncias internas contra la subrogante.
Sobre el director titular, Gonzalo Prieto, la respuesta fue breve: “Se encuentra en uso de feriado legal. Sus motivaciones personales corresponden a él, no a la municipalidad”.
Confianza en juego
Más allá de los argumentos legales, lo que está en juego es la confianza pública. La seguridad ciudadana no puede quedar bajo sospecha de acomodos familiares ni de cálculos políticos.
El caso Gandarillas, como lo bautizaron algunos concejales, abre una pregunta de fondo: ¿se gobierna Iquique con criterios de probidad y mérito, o con redes de parentesco que capturan espacios clave de la administración local?
Lo cierto es que la polémica recién comienza y, como advierten varias voces, podría terminar en los escritorios de la Contraloría General de la República.
Revisa aquí la señalada sesión municipal:
