El escándalo por licencias médicas falsas deja a Fonasa con un daño estimado de $20.871 millones; siete médicos y 318 funcionarios podrían enfrentar cargos por estafa, fraude al Fisco y asociación ilícita tras millares de permisos injustificados.
En una mañana que parecía rutinaria, la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en clínicas y viviendas: una operación silenciosa que detonó un terremoto judicial y político. Siete médicos –algunos de ellos extranjeros– fueron detenidos esta semana bajo sospecha de integrar una red clandestina que fabricaba y vendía licencias médicas que nunca correspondían a verdaderos actos de salud. La acusación va más allá de simples firmas: se habla de millones defraudados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y de un entramado que habría alcanzado a cientos de servidores públicos sin escrúpulos.
De la Contraloría al Ministerio Público: el hilo de una madeja criminal
Todo comenzó con una gigantesca radiografía del sistema: la Contraloría General de la República detectó miles de casos en que funcionarios públicos traspasaron los límites de su licencia médica, incluso viajando al extranjero o realizando actividades incompatibles con el descanso al que tenían derecho. Entre 2023 y 2024, este organismo cruzó millones de datos de licencias médicas con registros migratorios y halló que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica vigente.
Los movimientos, entre salidas y entradas del país, ascendieron a casi 60.000 registros, lo que para la Contraloría es un claro indicador de posibles irregularidades sistemáticas.
Este manto de sospecha abrió la puerta para una investigación del Ministerio Público que ya no se detiene en los médicos, sino que alcanza también a los funcionarios que compraron, presentaron o incluso hicieron mal uso de esas licencias.
318 funcionarios públicos en la mira de la Fiscalía
La Fiscalía Metropolitana de Alta Complejidad, institución encargada de perseguir los fraudes más graves, anunció que pedirá la formalización de 318 funcionarios públicos que habrían adquirido licencias médicas fraudulentas provenientes de estos médicos y otros profesionales bajo investigación. Según fuentes judiciales, este cúmulo de permisos irregulares habría provocado un perjuicio al Fonasa superior a los $20.000 millones.
Las cifras que manejan los equipos persecutores son apabullantes: más de 35.900 licencias emitidas entre 2021 y 2024, de las cuales 26.559 fueron pagadas por Fonasa, llevando a la fiscalía a estimar ese daño económico al sistema de salud pública.
Los 7 médicos: piezas de un engranaje oscuro
Las detenciones concretadas recientemente forman parte de un operativo mayor contra los llamados “grandes emisores” de licencias fraudulentas. Aunque no todos los detalles de los nombres y nacionalidades han sido revelados oficialmente, fuentes vinculadas al proceso señalan que estos profesionales están siendo investigados por:
- Firma de licencias sin atención médica presencial.
- Emisión de permisos con diagnósticos sospechosos.
- Venta de licencias a personas que viajaban o realizaban actividades no compatibles con reposo.
En algunos casos, investigaciones previas revelaron que decenas de médicos extranjeros ligados al fenómeno abandonaron Chile antes de ser formalizados, dejando un rastro de días de reposo falsos por miles y millones en perjuicio al sistema de salud.
¿El objetivo del esquema?: Un lucrativo mercado de permisos
El cuadro que dibujan los investigadores es tan desconcertante como preciso: muchos funcionarios públicos habrían buscado licencias médicas no por enfermedad, sino para ausentarse del país o prolongar días libres injustificados, aprovechando la fragilidad del sistema electrónico y la falta de controles efectivos.
Casos inéditos detectados por la Contraloría dan cuenta de funcionarios que, aún con licencia, asistieron partos, viajaron decenas de veces, aparecieron en casinos o cumplieron jornadas laborales incompatibles con el reposo médico.
Ambiente político: de la indignación a las acusaciones cruzadas
El impacto social y político es profundo. Organizaciones sindicales han exigido sanciones severas y procedimientos transparentes, mientras que algunos parlamentarios han calificado el caso como un “fraude masivo al erario público”, llamando a reformar los mecanismos de control de licencias médicas en el sector público.
Por su parte, la Contraloría ha respondido con la instrucción de miles de sumarios administrativos a nivel nacional para revisar a quienes presentaron licencias sospechosas y acelerar procesos de sanción interna.
Un escándalo que promete más capítulos
Las detenciones de estos siete médicos no son el final, sino apenas un episodio más de un fenómeno que ha expuesto fisuras en el sistema de salud y de empleo público. La Fiscalía no solo apunta a formalizar a los implicados, sino que también examina a quienes facilitaron, compraron o usaron indebidamente estas licencias.
Con causas tan vastas como complejas, la justicia tendrá que desentrañar si se trató de una red criminal organizada o de un mal endémico alimentado por la desconfianza en los controles.
Lo que sí queda claro es que el país ahora mira con lupa a un segmento de su administración pública, y el eco de este escándalo podría resonar durante años en tribunales, pasillos del Congreso y en el debate sobre cómo proteger a los funcionarios leales sin permitir que el derecho al reposo sea explotado como una fachada de impunidad.
