Un operativo sin precedentes en La Araucanía sacó a la luz un megafraude financiero que involucró a 41 detenidos, incluyendo a tres hermanos apodados “Los Plata Fácil” y un funcionario del Poder Judicial.
La investigación de la Fiscalía Regional reveló que la organización acumuló más de $3 mil millones mediante estafas a instituciones financieras, utilizando métodos de falsificación de identidad, creación de empresas fantasma y manipulación de créditos automotrices.
El núcleo de la operación estaba conformado por Matías, Nelson y Cristian Martínez Addison-Smith, quienes empezaron en 2017 operando en el rubro de compra y exportación de vehículos. Su estrategia consistía en presentar documentación falsa a empresas como MAF y Tanner para obtener créditos automotrices de alto valor y vender los vehículos en el extranjero.
Para ello, utilizaban la sociedad D&J Servicios de Iquique, propiedad de Jorge Narbona Lance, para canalizar las ventas y ocultar la verdadera procedencia de los fondos.
Los fraudes no se limitaron a automóviles. Los hermanos crearon empresas de papel mediante la plataforma “Tu empresa en un día”, utilizando terminales de pago POS para simular transacciones que generaban abonos ficticios en cuentas bancarias, los cuales luego eran retirados, sumando casi 170 millones de pesos adicionales a su botín.
A lo largo de los años, perfeccionaron su método, falsificando cédulas e identidades para suscribir contratos de compraventa ante notarios y recibir transferencias millonarias de automotoras intermediarias, vinculadas a entidades financieras como Santander Consumer y Financiera Global.
UNA VIDA DE LUJOS
Entre los bienes adquiridos con los fondos ilícitos se encuentran 50 vehículos de lujo, un helicóptero Robinson R44II, dos avionetas —una CESSNA y otra Piper—, dos lanchas de alto valor y criptomonedas por $339 millones. Además, se detectaron inmuebles con piscina y centro de eventos utilizados para ocultar parte del patrimonio de la banda. El funcionario judicial detenido, Rodrigo Chávez Castro, actuaba como asesor legal de la organización y facilitaba la inscripción de vehículos y aeronaves a nombre de los miembros de la banda o de sus empresas fantasma.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que este procedimiento se enfoca en seguir la ruta del dinero y recuperar los bienes, y calificó el caso como uno de los más grandes de delitos económicos en la región. Por su parte, el fiscal regional, Roberto Garrido, enfatizó la capacidad técnica y humana para desbaratar este tipo de redes criminales, subrayando que la persecución de delitos de corrupción y fraude financiero es una prioridad en La Araucanía.
La audiencia de control y formalización comunicará cargos que incluyen asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, uso malicioso de instrumentos públicos y privados, obtención fraudulenta de créditos, usurpación de identidad, fraude de seguros, delitos tributarios y lavado de activos.
El caso ha generado conmoción en la región por la magnitud del fraude y la participación de un funcionario público, y se espera que la investigación permita desmantelar completamente la organización y recuperar los bienes desviados mediante prácticas ilícitas.
