La detención de seis funcionarios de la Brigada de Puente Alto sacudió a la PDI, luego que una investigación reservada de Asuntos Internos y la Fiscalía Occidente revelara presuntos delitos de tráfico de drogas, contrabando, malversación y falsificación. Los imputados fueron suspendidos, sometidos a sumario y serán llevados a control de detención este miércoles.
A veces el derrumbe de una institución no se anuncia con sirenas, sino con un portazo silencioso en un pasillo interno. Fue así, dicen fuentes reservadas, como comenzó a desmoronarse la fachada impecable de la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto: con pequeñas sospechas, movimientos fuera de libreto y un olor a traición que los Asuntos Internos decidieron seguir como quien persigue el rastro de una sombra en la madrugada.
La historia terminó este martes con un golpe seco: seis funcionarios de la Policía de Investigaciones esposados, acusados de formar parte de una red capaz de traficar drogas, manipular fondos públicos y falsificar documentos oficiales. Un terremoto azul en pleno corazón institucional.
Mientras la noticia recorría los pasillos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, una pregunta flotaba en el aire como gas inflamado: ¿cómo se instala una organización criminal dentro del órgano que debe combatirla?
El operativo que estalló desde adentro
Lo que se sabe —poco, pero suficiente para estremecer— es que no fue una denuncia externa ni un golpe de suerte. Fue el propio Departamento de Asuntos Internos de la PDI el que desmontó pieza por pieza un mecanismo que habría funcionado durante meses, quizá años, al interior de la brigada.
La indagatoria se manejó con tal hermetismo que ni otros funcionarios de la zona sur sabían que eran observados. De esta investigación, estrictamente reservada, emergieron perfiles inquietantes: policías con acceso a procedimientos, bodegas, evidencia y vehículos institucionales que —según la hipótesis investigativa— habrían terminado al servicio de delitos que van desde el contrabando hasta el tráfico ilícito de estupefacientes.
Junto a ellos también fueron detenidos civiles que presuntamente participaban como enlaces en la cadena de ilícitos.
Un cuadro penal tan amplio como devastador
La lista de delitos por los que hoy enfrentan a la justicia parece sacada de un manual de corrupción extrema:
- Asociación criminal
- Tráfico ilícito de drogas
- Malversación de caudales públicos
- Falsificación de instrumento público
- Contrabando
Es un catálogo que, en cualquier institución, generaría alarma. En la PDI, acostumbrada a presentarse como el rostro técnico y pulcro de la persecución penal, equivale a un incendio en la sala de máquinas.
La PDI rompe el silencio: “No importa quién caiga”
A media tarde, la Policía de Investigaciones decidió hacer lo que pocas veces hace cuando el escándalo toca su propia puerta: habló sin rodeos.
En un comunicado que sorprendió por su tono severo, la institución confirmó que los seis funcionarios ya están fuera de servicio, sujetos a un sumario, y con un proceso de desvinculación en curso.
“No existe tolerancia para quienes violen la ética, la probidad o la doctrina institucional”, declaró la PDI en un mensaje que buscó marcar distancia de los acusados.
Aseguró también que continuará colaborando “sin restricciones” con la Fiscalía, enfatizando que los mecanismos de control interno son “rigurosos y estrictos, sin importar a quién apunten”.
El mensaje, si bien institucional, llevaba un subtexto evidente:
la PDI necesitaba mostrar que sigue siendo capaz de limpiarse a sí misma antes de que la opinión pública lo exija.
“Los llevarán ante el tribunal mañana”: el siguiente capítulo
Todos los funcionarios detenidos serán presentados ante el Tribunal de Garantía correspondiente durante este miércoles.
Allí comenzará el proceso formal, con la Fiscalía exponiendo los antecedentes recopilados y solicitando las medidas cautelares que considere necesarias.
En barrios policiales, la tensión es visible. La Brigada de Puente Alto —uno de los puntos operativos más grandes del sur de la capital— enfrenta ahora una crisis interna que, según diversas fuentes, “venía creciendo bajo la alfombra desde hace tiempo”.
La herida que deja este caso: un golpe a la confianza pública
Aunque aún no se conocen detalles sobre el modus operandi, la magnitud del caso ya genera repercusiones:
- La institución deberá revisar los procedimientos de control interno.
- El Ministerio Público podría abrir nuevas líneas de investigación relacionadas.
- El daño reputacional alcanza no solo a la brigada involucrada, sino al cuerpo completo de la PDI.
Porque esta no es una historia de delincuentes infiltrados: es la historia de policías que, según la Fiscalía, cruzaron el umbral y se pusieron del lado del crimen organizado.
En un país acostumbrado a mirar a la PDI como la policía técnica, profesional, y lejana de escándalos masivos, la detención de seis de sus propios funcionarios no es solo noticia: es un síntoma, una advertencia y un recordatorio incómodo sobre la fragilidad del sistema.
Un final (todavía) abierto
La investigación continúa, el sumario avanza y el secreto procesal impide conocer la dimensión total del caso, pero una cosa ya quedó escrita: la caída de estos seis funcionarios no es un hecho aislado, sino una grieta que obliga a mirar hacia adentro de la institución que alguna vez dijo no tener espacio para la corrupción.
Esta vez, esa frase deberá ser probada con hechos.
Este artículo describe un proceso judicial en curso:
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
