A dos años de destapado el escándalo, más de 600 causas judiciales por licencias médicas falsas siguen activas en 2026, con médicos formalizados, funcionarios públicos bajo investigación y pérdidas que superan los $85 mil millones. La ofensiva apunta a los llamados “grandes emisores”, profesionales que vendían licencias por redes sociales sin atención médica real, en una trama que la Fiscalía ya califica como crimen organizado.
No fue un escándalo pasajero ni una moda delictual que se apagó con el cambio de calendario. Aunque el país intentó dar vuelta la página tras las masivas fiscalizaciones de 2024, el negocio de las licencias médicas falsas sigue abierto en tribunales y con consecuencias que aún se expanden. A dos años de destapado el fraude, más de 600 causas judiciales continúan activas, con médicos formalizados, funcionarios públicos bajo investigación y pérdidas que ya superan los $85 mil millones.
El dato surge de un balance actualizado de ALTO INMUNE, firma especializada en investigación y persecución de fraudes complejos, que confirma que los casos detectados en 2024 no están prescritos y que las acciones legales impulsadas durante 2025 mantienen plenamente vigente la responsabilidad penal y civil de quienes participaron del sistema.
Del reposo médico al negocio ilegal
Lo que comenzó como licencias aisladas mal utilizadas derivó en algo mucho más grave: un modelo de negocio estructurado, con médicos que emitían miles de licencias al año, centros médicos inexistentes y ventas directas por redes sociales, sin consulta ni evaluación clínica.
“Esto no se trata de errores administrativos ni de licencias mal llenadas. Estamos hablando de organizaciones que funcionaban como verdaderas fábricas de reposos médicos, diseñadas para defraudar al sistema”, explica Rodrigo Varela, gerente legal de ALTO INMUNE.
Según el catastro judicial, 601 querellas penales estaban vigentes a diciembre de 2025, enfocadas principalmente en los llamados “grandes emisores”: profesionales que llegaron a emitir más de 1.600 licencias anuales, muchas de ellas cobradas a tarifa fija y entregadas sin ningún tipo de atención médica real.
El golpe al Estado y a las isapres
El impacto económico es brutal. Solo en el sector público, las investigaciones revelaron que 25.764 funcionarios hicieron uso irregular de licencias médicas, generando un perjuicio fiscal estimado en $33.684 millones. En paralelo, las isapres acumulan pérdidas por más de $52.000 millones, cifra que sigue ajustándose a medida que avanzan las causas.
El golpe fue tan profundo que el sistema reaccionó con fuerza: la emisión de licencias médicas electrónicas cayó un 22,8% a fines de 2025, una señal clara de que el miedo a sanciones penales comenzó a surtir efecto.
“La judicialización masiva cambió el comportamiento del mercado. Hoy nadie puede decir que comprar o vender una licencia es un riesgo menor”, sostiene Varela.
Médicos con licencia… que seguían emitiendo licencias
Uno de los hallazgos más insólitos —y jurídicamente contundentes— fue la detección de 6.410 médicos que emitieron licencias a terceros mientras ellos mismos estaban con reposo médico vigente.
“Desde el punto de vista probatorio, esto es demoledor. Hay una contradicción clínica evidente que facilita acreditar el fraude ante tribunales”, explica el abogado.
A esto se suman casos extremos: en diciembre de 2025, siete médicos quedaron en prisión preventiva, acusados de liderar un fraude superior a $20 mil millones, formalizados no solo por falsificación, sino por asociación ilícita, un delito reservado para estructuras criminales organizadas.
Redes, fachada y crimen organizado
Las investigaciones de la Fiscalía y la PDI revelan patrones claros. La mayoría de los médicos querellados se declaraba médico general o psiquiatra, especialidades donde los diagnósticos son más difíciles de refutar rápidamente. Cerca del 55% son extranjeros, principalmente de nacionalidad colombiana y venezolana, operando a través de centros médicos de papel.
El esquema se repetía: captadores en redes sociales, pago previo, emisión electrónica remota —en algunos casos desde el extranjero— y uso compartido de claves médicas. Un circuito diseñado para defraudar de forma masiva y silenciosa.
“No estamos frente a hechos aislados. Son estructuras que evolucionaron hasta parecerse a redes de crimen organizado, con jerarquías, roles definidos y flujos de dinero”, advierte Varela.
Viajes, reposo y evidencia irrefutable
En el sector privado, la evidencia fue igual de elocuente: cerca de 80.000 trabajadores registraron salidas al extranjero mientras mantenían licencias médicas activas entre 2023 y mediados de 2025. Cruces migratorios, registros de pago y licencias electrónicas terminaron por cerrar el cerco.
¿Prescribieron los delitos? La respuesta es no
Uno de los mayores temores de la opinión pública era que el volumen de casos terminara beneficiando a los responsables. Sin embargo, las reformas legales jugaron a favor del Estado.
La ampliación de plazos por delitos continuados, la interrupción de la prescripción con la judicialización y la entrada en vigencia de la Ley 21.746 (mayo de 2025) permitieron evitar que las causas murieran por el paso del tiempo.
“Para quienes compraron licencias en 2023 y 2024, el riesgo de prescripción prácticamente desapareció. La mayoría de las investigaciones se judicializó durante 2025, congelando los plazos”, aclara Varela.
Un mensaje claro: el fraude no se olvida
El caso de las licencias médicas falsas dejó una señal inequívoca: el sistema puede tardar, pero no olvida. Lo que comenzó como un abuso silencioso hoy se traduce en médicos formalizados, funcionarios investigados, cárceles preventivas y una caída histórica en la emisión de licencias.
En 2026, el mensaje es más fuerte que nunca: el reposo médico ya no es un atajo impune, y las cuentas del fraude aún se están cobrando.
