Después de más de una década de debate, Chile da un giro en su política marítima con una ley que promete eficiencia, empleo y competitividad. La nueva normativa reduce costos logísticos, impulsa la soberanía en el mar y garantiza tripulación chilena en todas las naves extranjeras que operen dentro del país.
Por fin, tras 13 años de espera, el Congreso Nacional puso punto final a uno de los proyectos más debatidos en materia logística y comercial: la modificación a la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, que ahora queda lista para su promulgación por parte del Presidente Gabriel Boric.
Con 113 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la iniciativa que busca modernizar el cabotaje marítimo chileno, es decir, el transporte de carga dentro del territorio nacional.
Se trata de una reforma que, según el Gobierno, marcará un antes y un después en la economía portuaria, al reducir los costos logísticos, mejorar la eficiencia del sistema de transporte de mercancías y generar empleos de alto nivel técnico.
Un cambio que zarpa con rumbo a la eficiencia
La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con la colaboración del Ministerio de Defensa y una evaluación técnica favorable de la Armada de Chile.
Entre sus principales objetivos, la nueva ley busca abrir espacios controlados a la inversión extranjera en el transporte de cargas marítimas, pero manteniendo la prioridad de operación para las embarcaciones chilenas, especialmente en zonas estratégicas del sur austral.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, calificó la aprobación como “un día histórico para Chile”:
“Por fin contamos con una ley moderna, que promueve inversión y competitividad, pero que protege el empleo y la soberanía marítima. Además, el transporte por mar es un 70% más sustentable que por tierra o aire, lo que convierte este avance en una buena noticia también para el medio ambiente”, sostuvo.
Impacto económico directo: menos costos, más empleo
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la nueva normativa permitirá ahorros cercanos a los USD 267 millones anuales gracias a la disminución de tarifas y costos operativos en el traslado de carga.
Esto se traducirá en una reducción de entre un 19% y 39% en los precios del flete de contenedores, lo que tendrá un impacto positivo en los valores finales de los productos de consumo.
El ministro de Economía, Álvaro García, enfatizó el beneficio transversal del proyecto:
“Es una gran noticia para exportadores, importadores y consumidores. Esta ley reducirá los precios internos al abaratar la logística y fortalecerá el empleo marítimo. Significa más industrias instaladas, más competencia y más oportunidades para chilenos y chilenas”, afirmó.
Soberanía y empleo nacional en el corazón de la reforma
Uno de los aspectos más celebrados del proyecto es la exigencia de que toda empresa extranjera que opere en cabotaje nacional contrate tripulación 100% chilena.
Con ello, el Gobierno busca garantizar que los beneficios económicos del sector permanezcan en el país, al mismo tiempo que fortalece las capacidades profesionales de los trabajadores marítimos nacionales.
Esta disposición —señalan desde Transportes— reafirma la soberanía chilena sobre sus rutas y costas, evitando la precarización laboral o la competencia desleal de tripulaciones extranjeras de bajo costo.
Un impulso para las regiones portuarias
El impacto regional será especialmente visible en el norte y el extremo sur del país, donde la actividad portuaria y logística constituye el motor de las economías locales.
La ley permitirá dinamizar el flujo de carga en los puertos y fortalecer la interconexión con el transporte terrestre de corta distancia, mejorando la competitividad de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio exterior.
Desde el Ministerio de Economía destacan que las MiPymes importadoras y exportadoras, que suelen tener menor poder de negociación frente a las grandes navieras, serán las principales beneficiadas por la apertura de tarifas más competitivas y servicios diversificados.
Una mirada estratégica al futuro marítimo
Más allá del ahorro económico, la Ley de Cabotaje también busca alinear a Chile con los estándares internacionales de transporte sostenible.
El traslado marítimo de cargas —señalan los expertos— emite mucho menos CO₂ por tonelada transportada en comparación con el transporte terrestre o aéreo, lo que lo convierte en un eje clave para la meta nacional de carbono neutralidad al 2050.
“Esta es una ley que no solo mueve mercancías, sino también progreso, innovación y empleos verdes”, resumió el ministro Muñoz.
El próximo paso: promulgación y aplicación
Con la votación favorable de la Cámara, el proyecto queda listo para su promulgación presidencial y posterior publicación en el Diario Oficial, momento en que comenzará a implementarse gradualmente el nuevo marco normativo.
Chile, un país con más de 4.000 kilómetros de costa, comienza así una nueva travesía legislativa que moderniza su flota legal, fortalece su soberanía y vuelve más competitivo su comercio interior.
Una ley que, según el propio Ejecutivo, pone fin a una década de rezago y abre un océano de oportunidades para el desarrollo logístico y marítimo del país.
