Ayer por la tarde, con 39 votos a favor en el Senado y con 122 en la Cámara de Diputados, el Congreso, luego de un año y medio de conversaciones, finalmente despachó la Ley Corta de Isapres presentada por el Ejecutivo para buscar darle curso al fallo de la Corte Suprema en cuanto a los cobros en exceso realizados por las instituciones de salud previsional.
¿CÓMO SE DEVOLVERÁ EL DINERO?
La devolución del dinero cobrado en exceso sus afiliados, por parte de las Isapres, el cual se estima alcanza los US$1.200 millones, se realizará de la siguiente manera:
- La ley corta establece un plazo máximo de 13 años para que esta deuda sea devuelta a los afiliados menores de 65 años.
- En el caso de los mayores de 65 años, ellos tendrán un pago preferente en 5 años, y los mayores de 80 años en 2 años.
Junto con esto, las Isapres pueden ofrecer la opción de un pago anticipado voluntario, llamado Prontopago, mediante transacciones realizadas por la Superintendencia de Salud.
En un plazo máximo de un mes desde la publicación de la ley se deberán iniciar la devolución de los dineros. La normativa también obliga a aplicar la Tabla Única de Factores (TUF), lo que se traducirá en una disminución de los cobros para muchas personas.
“Según indica esta circular, las aseguradoras deberán informar la incorporación de la TUF a sus afiliadas y afiliados que mantengan contratos con anterioridad al 1 de abril de 2020 mediante correo electrónico o, en caso de no contar con una dirección electrónica, por carta certificada a más tardar el próximo sábado 31 de agosto”, consigna La Tercera.
EL PLAN
Luego de notificar a los afiliados, las aseguradoras presentarán a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes, el que incluirá, de acuerdo con la circular, el número de contratos afectados, los montos a devolver a cada persona expresado en UF, el plazo de devolución determinado y las modalidades de restitución, que pueden ser Prontopago, transferencias o excedentes, según escoja la misma Isapre.
Además, durante todo el proceso de devolución, la instituciones de salud deberán dar cuenta a la Superintendencia del avance y cómo llegaron a las cifras presentadas a sus afiliados.
