Con la entrada en vigor de la Ley N° 21.592, la Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un instructivo que detalla cómo se implementará el nuevo Estatuto de Protección del Denunciante. Este instructivo tiene como fin orientar a quienes deseen denunciar irregularidades dentro de la Administración Pública, asegurando la correcta aplicación de los derechos previstos por la nueva normativa.
¿Qué objetivo tiene la ley 21.592?
Establecer un marco legal que proteja a los denunciantes que reporten infracciones en el sector público, proporcionando un canal de denuncia, medidas de protección, y mecanismos para abordar posibles represalias.
Nuevas facultades de la Contraloría
Entre los puntos más relevantes se encuentran las disposiciones que permiten a la CGR proteger al denunciante, así como a testigos y familiares cercanos, frente a posibles represalias. «Esta normativa establece medidas de protección que incluyen el derecho a mantener la identidad en reserva», señaló la CGR en su comunicado. No obstante, se aclara que las denuncias anónimas no serán aceptadas, y se rechazará la repetición constante de denuncias sin fundamento.
El nuevo canal de denuncias, que será gestionado directamente por la Contraloría, permitirá que cualquier persona denuncie infracciones disciplinarias, faltas administrativas o hechos que involucren corrupción. Además, este canal está disponible a partir hoy 23 de octubre y solo se podrá acceder a él mediante Clave Única.
La CGR subraya que si los hechos denunciados llegasen a constituir un delito, se procederá a trasladar los antecedentes a los órganos persecutores competentes. «Este es un avance en la lucha contra la corrupción, brindando mayor seguridad a quienes decidan levantar la voz», finalizó el comunicado.
