La Contraloría detectó que entre 2023 y 2024 la DICREP permitió miles de operaciones de empeño sin controles adecuados, incluyendo transacciones de usuarios con antecedentes penales por más de $1.500 millones, y casos de personas que realizaron hasta 230 empeños al año, sin verificación de origen de los bienes ni coordinación con autoridades para prevenir delito.
En el corazón del sistema prendario chileno —ese engranaje silencioso que sostiene a miles de personas cuando la economía aprieta— la Contraloría General de la República acaba de encender todas las alarmas. El organismo fiscalizador destapó un escenario inquietante: fallas graves en los controles internos de la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), más conocida como “La Tía Rica”, donde la negligencia permitió movimientos insólitos, riesgosos y millonarios.
Un mecanismo que debía servir a los más vulnerables… terminó siendo terreno fértil para abusos
La auditoría realizada entre 2023 y 2024 revela un funcionamiento que hoy alarma al país:
- Personas que llegaron a empeñar hasta 230 veces en un solo año.
- Usuarios con antecedentes penales moviendo bienes por más de $1.500 millones.
- Y todo ello, sin que nadie detuviera el engranaje, sin controles suficientes, sin alertas, sin rastreo.
Mientras las vitrinas del organismo mostraban transparencia, puertas adentro el sistema operaba casi a ciegas: sin verificar la procedencia de los objetos, sin comprobar la identidad de quienes ingresaban especies y, lo más grave, sin activar denuncias ni coordinar con policías cuando los bienes empeñados no eran recuperados.
¿Negligencia? ¿Falta de control? ¿Brechas que podrían haber sido aprovechadas por redes criminales?
El informe N°400 de 2025 lo confirma con cifras de impacto:
📌 En 2023:
- 4.769 usuarios recurrentes, con hasta 229 operaciones cada uno.
- Transacciones que sumaron más de $7.139 millones.
📌 En 2024:
- 4.895 usuarios frecuentes fueron detectados, superando la cifra anterior.
- Con montos que alcanzaron $7.290 millones.
- Y el récord: 230 empeños realizados por una sola persona.
Más explosivo aún:
👉 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron objetos por $1.507 millones, sin recuperar lo entregado.
👉 Y la DICREP no denunció, no reportó ni compartió datos con autoridades competentes.
Ese silencio institucional hoy se siente ensordecedor.
El eslabón débil del sistema estatal
La auditoría no solo apuntó cifras. Reveló un vacío peligroso:
- inexistencia de protocolos de verificación,
- ausencia de cruces con registros policiales,
- falta de sistemas de alerta para operaciones sospechosas,
- custodia deficiente,
- y poca coordinación con el Ministerio Público.
Todo ello encendió las alarmas de Contraloría, que decidió instruir un procedimiento disciplinario, remitir los antecedentes al Ministerio Público y exigir mejoras inmediatas que serán revisadas en seguimiento.
Un problema que abre interrogantes nacionales
Lo que debía ser una herramienta de apoyo social terminó —bajo estas condiciones— como un pasadizo sin control, susceptible de ser utilizado para encubrir robos, mover bienes de origen ilícito, liquidar patrimonio sin preguntas y permitir un volumen de operaciones digno de una casa de remate privada, no de un servicio estatal.
¿Fue negligencia administrativa?
¿Recursos insuficientes?
¿Fallas estructurales?
¿O un sistema que se abrió, sin querer, a la sombra de redes ilícitas?
La respuesta está en proceso, pero el golpe institucional ya se siente.
El próximo capítulo
Mientras Contraloría avanza y la DICREP queda bajo la lupa, una cosa es segura: Este informe no es solo una auditoría. Es un llamado de alerta nacional.
Uno que abre preguntas sobre control estatal, responsabilidad administrativa, y sobre cómo un organismo creado para ayudar puede —sin vigilancia— convertirse en un punto ciego donde el delito encuentra terreno fértil.
El país espera respuestas.
Y esta vez, no bastarán explicaciones técnicas:
se necesitan acciones.
Porque cuando el Estado baja la guardia, el costo lo pagan todos.
Revisa el informe completo aquí:
