La Contraloría General de la República activó un operativo inédito que sacude a todo el aparato estatal: ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, universidades públicas y empresas estatales, que recibieron la orden de rendir cuentas, en un plazo máximo de 10 días hábiles, sobre las medidas de control interno que han aplicado para prevenir, detectar y corregir hechos de corrupción.
La instrucción, contenida en un oficio firmado por la subcontralora Dorothy Pérez, no se limita a pedir explicaciones formales: exige a cada entidad detallar con precisión qué ocurrió, cuándo, quiénes estuvieron involucrados, qué procesos disciplinarios se abrieron y qué sanciones se aplicaron.
Se trata de una ofensiva que, en palabras de fuentes cercanas a las fiscalizaciones, “no busca perseguir funcionarios, sino comprobar si los sistemas de control administrativo realmente funcionan”.
La pregunta de fondo que intenta responder la Contraloría es tan simple como inquietante: ¿qué ha hecho el Estado para evitar que estos hechos se repitan?
Un mapa de corrupción que se extiende por Chile
El documento que acompaña la orden da cuenta de una radiografía incómoda: funcionarios públicos de distintas reparticiones involucrados en delitos que van desde cohecho y soborno hasta narcotráfico.
En Calama, un funcionario fue formalizado por cohecho tras filtrar fiscalizaciones de patentes de alcoholes; otro, en la misma comuna, utilizó una vivienda fiscal para guardar armas y dar refugio a una banda delictual.
En Chillán, un empleado municipal que debía custodiar drogas incautadas terminó detenido por la PDI cuando intentaba traficar la misma mercancía destinada a su incineración.
En la Región de Tarapacá, 13 funcionarios fueron arrestados por cobrar dinero a ciudadanos con el fin de omitir controles obligatorios.
En Santiago, los casos se multiplican: un funcionario fue acusado de cohecho, asociación ilícita y ejercicio ilegal de funciones públicas; otro, condenado por cohecho y negociación incompatible tras recibir pagos para adjudicar obras municipales sin licitación.
La lista sigue y se vuelve más grave:
- Nueve funcionarios detenidos en la capital por lucrar con la incautación y retiro de vehículos.
- Tres empleados públicos capturados en Puerto Aysén cuando retiraban una encomienda con droga.
- Cinco miembros de la Fuerza Aérea sorprendidos trasladando droga en aeronaves institucionales desde Iquique a Santiago.
- Seis funcionarios del Ejército acusados de brindar cobertura a una red de narcotráfico.
- Un funcionario de Aduanas denunciado tras ingresar droga desde Perú por un paso fronterizo no habilitado.
La enumeración, que parece un inventario criminal, es la base de la ofensiva de Contraloría.
“Alguien te mira”: la lupa sobre el Estado
La estrategia del órgano fiscalizador ya es conocida en el mundo político y administrativo como “Alguien te mira”, en alusión a la teleserie de suspenso de TVN que instalaba la sensación de vigilancia permanente.
La metáfora no es casual: lo que busca Contraloría es instalar la idea de que cada movimiento administrativo puede estar bajo revisión. El control ya no será solo posterior —cuando el daño está hecho—, sino también preventivo y correctivo, para cerrar los espacios donde florece la corrupción.
El plazo de 10 días hábiles funciona como una advertencia directa: quien no entregue información a tiempo o lo haga de forma incompleta quedará automáticamente en el radar de la institución.
¿Qué quiere comprobar la Contraloría?
La orden es clara: cada institución deberá entregar un reporte que incluya tres dimensiones fundamentales:
- Medidas preventivas: protocolos y mecanismos aplicados para evitar la ocurrencia de hechos irregulares.
- Medidas detectivas: herramientas de monitoreo y auditoría que permitan descubrir irregularidades.
- Medidas correctivas: sanciones y acciones tomadas una vez descubierto el ilícito.
A eso se suman antecedentes específicos de cada caso: fechas de ocurrencia, número de involucrados, procesos disciplinarios y sanciones administrativas o judiciales.
En palabras de un funcionario que conoce el alcance de estas fiscalizaciones:
“Esto no es solo un inventario de escándalos. Lo que se busca es comprobar si el Estado está reaccionando de forma seria, o si simplemente deja que los tribunales hagan el trabajo mientras las instituciones se lavan las manos”.
Un golpe de efecto contra la desconfianza
La ofensiva ocurre en un contexto en que la percepción ciudadana sobre la corrupción pública ha escalado. Según mediciones de organismos internacionales, Chile ha ido retrocediendo en los rankings de transparencia, y los escándalos recientes en municipalidades, servicios públicos y hasta en las Fuerzas Armadas han alimentado un clima de desconfianza.
Con esta acción, Contraloría envía una señal política y administrativa potente: la corrupción no es solo un problema judicial, sino también una falla estructural del control interno del Estado.
En lo inmediato, el organismo podrá consolidar un mapa nacional de vulnerabilidades institucionales; en lo simbólico, instala la idea de que el Estado también debe rendir cuentas ante sí mismo.
