La Corte Suprema resolvió mantener bajo reserva la hoja de vida del ex Comandante en Jefe de la Armada, Jorge Arancibia Reyes, al concluir que su contenido está protegido por leyes de quórum calificado que resguardan la seguridad nacional, aun cuando el ex oficial se encuentre en retiro y haya transcurrido más de una década desde el término de su carrera.
Por años, el expediente durmió en silencio. Un documento grueso, cargado de destinos, ascensos, cursos estratégicos y evaluaciones reservadas, permaneció fuera del alcance público como una caja fuerte institucional. Esta semana, la Corte Suprema decidió que así debe seguir siendo.
En un fallo de alto voltaje jurídico e institucional, el máximo tribunal resolvió mantener bajo estricta reserva la hoja de vida del ex Comandante en Jefe de la Armada, Jorge Arancibia Reyes, argumentando que su divulgación —incluso parcial— podría comprometer la seguridad nacional, la defensa del Estado y revelar información estratégica sobre el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas.
La sentencia no solo zanja una disputa legal que se arrastraba desde 2021, sino que instala una definición clave en el delicado equilibrio entre transparencia democrática y secreto militar.
Una solicitud, una grieta y una disputa de poder
Todo comenzó con una petición aparentemente simple: acceso a la hoja de vida y calificaciones del ex jefe naval durante toda su carrera funcionaria. La solicitud fue presentada ante la Armada de Chile por una particular, amparándose en la Ley de Transparencia.
La respuesta fue tajante: no.
La institución invocó razones de seguridad nacional, protección de datos personales y normas especiales que rigen a las Fuerzas Armadas. La negativa, sin embargo, no fue el final del camino.
El Consejo para la Transparencia ordenó la entrega del documento, con datos sensibles tarjados. A su juicio, se trataba de información pública relacionada con el desempeño de un alto funcionario del Estado y, por tanto, sometida al control ciudadano.
La decisión encendió las alarmas en el mundo castrense.
El contraataque del Estado
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), actuando en representación de la Armada, llevó el caso a tribunales. Argumentó que la hoja de vida de un oficial de alto mando no es un simple currículum administrativo, sino un documento estratégico que permite inferir patrones de formación, criterios de selección, capacidades operacionales y estructura interna de la institución.
Aunque la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó inicialmente ese planteamiento, el CDE insistió. Esta vez, recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, acusando faltas graves en la interpretación de la ley.
El máximo tribunal escuchó. Y decidió.
La Suprema traza la línea roja
En una resolución extensa y categórica, la Tercera Sala de la Corte Suprema revirtió el fallo de segunda instancia y declaró reservada la hoja de vida del ex Comandante en Jefe de la Armada.
El argumento central fue contundente: estos antecedentes forman parte de la “dotación” de las Fuerzas Armadas, una categoría que la ley chilena protege expresamente bajo secreto cuando está vinculada a la seguridad del Estado.
El tribunal recordó que el artículo 436 del Código de Justicia Militar —vigente como ley de quórum calificado— declara secretos los documentos relacionados con plantas y dotaciones militares. Y fue aún más lejos: la reserva no caduca por el paso del tiempo ni se extingue por el retiro del funcionario.
En otras palabras, el uniforme deja huella incluso después de colgado.
Transparencia sí, pero no a cualquier costo
El fallo no desconoce la importancia del acceso a la información pública. Al contrario, la Corte reafirma que la publicidad es la regla general en democracia y que el derecho a saber es un pilar del control ciudadano.
Sin embargo, establece un límite claro: cuando el legislador ha definido, mediante leyes de alto quórum, que cierta información es sensible para la defensa nacional, los tribunales no pueden levantar ese velo por vía interpretativa.
“La sola invocación del principio de transparencia no basta”, señala el fallo, marcando un precedente relevante para futuras solicitudes que involucren antecedentes militares de alto rango.
Cursos, inteligencia y patrones ocultos
Dos integrantes del tribunal —la ministra Adelita Ravanales y la abogada integrante María Angélica Benavides— agregaron una prevención decisiva: la Corte tuvo acceso directo a la hoja de vida en cuestión.
Y lo que vio no era inocuo.
Según explicaron, el documento contiene información sobre formación especializada, capacitaciones estratégicas, cursos militares e incluso ámbitos vinculados a inteligencia. Su difusión permitiría reconstruir perfiles, detectar criterios de selección para el alto mando y deducir orientaciones estratégicas institucionales.
En manos equivocadas, advierten, ese conocimiento puede transformarse en vulnerabilidad.
Un acuerdo con matices
El fallo fue mayoritario, pero no unánime en su razonamiento. El ministro Jean Pierre Matus concurrió al resultado final, aunque se desmarcó de la idea de elevar el derecho de acceso a la información a la categoría de derecho constitucional implícito y de minimizar el carácter especial de la función militar.
El desacuerdo, sin embargo, no alteró el desenlace.
Un precedente que trasciende el caso
La decisión no solo afecta a un ex Comandante en Jefe. Instala un criterio que impacta futuras solicitudes de acceso a información sobre altos mandos militares, reforzando la vigencia de normas heredadas del sistema jurídico previo a la reforma constitucional de 2005.
Mientras el país debate mayores estándares de transparencia, la Corte Suprema recordó que hay espacios donde el secreto sigue siendo política de Estado.
En la frontera entre lo público y lo reservado, el máximo tribunal fue claro: la seguridad nacional no se archiva.
Revisa la sentencia completa aquí:
Fuente: Diario Constitucional
