La magnitud de la tragedia forestal ya se traduce en cifras alarmantes que ponen en jaque las arcas del Estado. Mientras las pérdidas en infraestructura y activos productivos escalan rápidamente, expertos advierten que la emergencia podría desfinanciar el reajuste al sector público y obligar al próximo Gobierno a realizar recortes drásticos para enfrentar la reconstrucción.
El panorama tras los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble no solo es desolador en lo humano, sino también en lo financiero. Sectores como Lirquén y Punta de Parra han quedado reducidos a escombros en un 80%, y las primeras estimaciones económicas sugieren que el impacto total de la catástrofe podría alcanzar los US$500 millones.
Un terremoto para la Hacienda Pública
La emergencia ha estallado en un momento de extrema estrechez fiscal. La contralora Dorothy Pérez lanzó una advertencia crítica ante la comisión de Hacienda del Senado: los recursos destinados al reajuste salarial del sector público podrían verse comprometidos para cubrir los gastos de la catástrofe.
A esto se suma la preocupación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Su presidenta, Paula Benavides, señaló que el aumento salarial propuesto del 3,4% ya presenta un déficit de US$822 millones, lo que obligará a la administración entrante a reasignar fondos de manera urgente para evitar un déficit fiscal aún mayor.
Desglose de las pérdidas: El golpe a Tomé y Penco
Según el análisis de firmas como Inciti y GPS Property, la destrucción de activos va mucho más allá de lo forestal:
- Daños Urbanos y Rurales: Se estiman pérdidas de US$230 millones solo en construcciones. La comuna de Tomé es la más golpeada con US$90 millones en daños, seguida por **Concepción y Penco** con US$40 millones cada una.
- Activos Productivos: La pérdida de maquinaria, infraestructura agrícola, redes críticas y los altísimos costos del combate aéreo y terrestre suman otros US$200 a US$300 millones.
- Impacto Estructural: Expertos advierten que la repetición anual de estos eventos encarece los seguros, posterga la inversión inmobiliaria y erosiona la confianza en el desarrollo regional.
El drama de la falta de seguros
Uno de los datos más preocupantes proviene de la industria aseguradora. Jorge Beltrán, de Gallagher Chile, estima que en el escenario más pesimista habría 2.000 viviendas afectadas, pero solo el 40% de ellas contaría con un seguro contratado (ya sea directo o vía crédito hipotecario). Esto deja a la mayoría de las familias en una vulnerabilidad total, dependiendo exclusivamente de la ayuda estatal para reconstruir sus hogares.
Colaboración Público-Privada
Ante la magnitud del desastre, el sector privado ha detenido sus faenas productivas. La Corma informó que cerca de 5.000 brigadistas y más de 65 aeronaves de empresas forestales están dedicados al 100% al combate del fuego. Por su parte, la SNA solicitó que la emergencia agrícola se traduzca en subsidios directos para los pequeños agricultores, quienes representan el sector más dañado por la pérdida de suelos y biodiversidad.
