Los sectores de El Morro y Playa Brava se han convertido en los principales focos de denuncias por ruidos molestos en Tarapacá durante 2025, debido a faenas inmobiliarias que superaron los límites de decibeles permitidos en zonas residenciales.
El martillo neumático comienza antes de que amanezca. Luego llegan las retroexcavadoras, las grúas, los golpes metálicos que rebotan entre edificios y cerros. Para cientos de vecinos de Tarapacá, el ruido dejó de ser una molestia ocasional y se transformó en un problema cotidiano que interrumpe el descanso, altera la rutina y deteriora la calidad de vida. Las cifras lo confirman: solo en lo que va de 2025, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha recibido 257 denuncias por ruidos molestos en la región.
El dato no es menor. Representa casi un tercio de todas las denuncias históricas por ruido registradas en Tarapacá desde que existe fiscalización ambiental en esta materia. Y el origen del problema tiene un protagonista claro: el sector inmobiliario. Las faenas de construcción se han convertido en la principal fuente de contaminación acústica, superando incluso a bares, restaurantes y centros deportivos.
El crecimiento urbano acelerado, especialmente en zonas residenciales cercanas a proyectos inmobiliarios, ha generado una convivencia cada vez más tensa entre obras en ejecución y comunidades que exigen respeto por los límites legales. Playa Brava y El Morro son ejemplos recientes de cómo el conflicto escala desde la molestia vecinal hasta la intervención directa de la autoridad ambiental.
En Playa Brava, una constructora enfrenta un proceso sancionatorio que podría derivar en multas cercanas a los 800 millones de pesos, tras detectarse incumplimientos reiterados a la normativa de ruidos. En El Morro, luego de acumular 26 denuncias formales, la SMA ordenó a una empresa adoptar medidas correctivas tras comprobar que los niveles de ruido superaban los decibeles permitidos en zonas residenciales, de acuerdo con el Plan Regulador de Iquique.
La Norma de Emisión de Ruidos es clara. Regula las llamadas “fuentes fijas” —como industrias, comercios y obras de construcción— y establece límites diferenciados para horarios diurnos y nocturnos. Sin embargo, el problema no es la ausencia de regulación, sino su incumplimiento sistemático y, en algunos casos, la falta de medidas de mitigación adecuadas.
Desde la Superintendencia del Medio Ambiente advierten que el impacto del ruido va mucho más allá de la incomodidad. “El ruido es un contaminante crítico. Genera estrés, altera el sueño y, con exposiciones prolongadas, puede provocar daños auditivos permanentes”, explicó la jefa regional de la SMA, Valeska Muñoz, al analizar el escenario actual.
Las estadísticas revelan un cambio de patrón. Históricamente, el rubro de equipamiento —restaurantes, bares, locales nocturnos— lideraba las denuncias. Hoy, ese lugar lo ocupa la construcción, con 127 denuncias solo en 2025, superando a los 108 ingresos asociados a actividades comerciales y recreativas. El fenómeno refleja una región en expansión, pero también la urgencia de compatibilizar desarrollo urbano con bienestar ciudadano.
La SMA ha intensificado la fiscalización y recuerda que cualquier persona puede denunciar episodios de ruidos molestos a través de los canales oficiales, aportando antecedentes como horarios, ubicación y tipo de fuente. Cada denuncia activa un proceso técnico que puede derivar en fiscalizaciones en terreno, exigencia de planes de mitigación e incluso sanciones económicas de alto monto.
Mientras tanto, en muchos barrios de Tarapacá, el silencio sigue siendo un lujo escaso. Y en medio del avance inmobiliario, la pregunta queda flotando entre el polvo y el ruido de las obras: ¿cómo construir ciudad sin que el costo sea perder el derecho a descansar?
Porque en 2025, en Tarapacá, el ruido ya no es solo un sonido molesto. Es una señal de alerta ambiental que exige respuestas urgentes.
