La reforma aprobada bloquea la licencia de conducir para todos quienes figuren en el registro de deudores, obligando a Transito a cancelar permisos vigentes y revisar mensualmente a los titulares. El avance legislativo se da luego de que se confirmara que miles de morosos siguieron manejando con total normalidad pese a la prohibición legal existente.
En el Congreso, mientras las pantallas marcaban el conteo de votos y el murmullo avanzaba como un enjambre inquieto, una frase comenzó a repetirse como eco: “El que no paga, no maneja”. Con 80 manos alzadas y 36 abstenciones, la Sala aprobó una reforma que sacudirá a miles de deudores de pensiones alimenticias que, hasta ahora, circulaban con absoluta normalidad por calles y rutas del país.
Esta vez, la Cámara de Diputadas y Diputados decidió poner señales de alto donde no las había: si apareces en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, tu licencia de conducir dejará de ser un derecho garantizado.
Lo que se aprobó no fue un matiz, ni una recomendación simbólica: es una poda completa al camino que muchos deudores usaban para esquivar responsabilidades. Desde ahora, quien figure en el registro no podrá obtener ni renovar su licencia, y peor aún: si ya la tiene y entra al listado después, se le cancelará administrativamente. Sin vueltas. Sin excusas. Sin marcha atrás.
Un proyecto que vuelve a poner el foco donde más duele
El impulso de esta iniciativa vino de un grupo transversal de parlamentarios encabezados por la diputada Alejandra Placencia, quienes pusieron sobre la mesa una realidad incómoda: miles de chicas y chicos dependen de pensiones que nunca llegan, mientras sus deudores sí pueden manejar, viajar, trabajar sin obstáculos y acumular millones en morosidad.
En el debate, el dato que cayó como piedra fue este: entre 2022 y 2024, unas 3.400 personas inscritas en el registro igual lograron obtener o renovar licencias, acumulando entre todas más de $17 mil millones impagos. Una cifra brutal que retrata un sistema lleno de portillos.
Por si fuera poco, se reveló que el 70% de los municipios simplemente no cumplió con la norma vigente que ya prohibía otorgar permisos a quienes adeudaban alimentos. Ni fiscalización, ni rigurosidad, ni registro. Nada.
Era cuestión de tiempo para que el Congreso pisara el freno.
Cómo funcionará: la maquinaria detrás de la decisión
La reforma a la Ley de Tránsito establece que:
- Para obtener o renovar una licencia, el solicitante debe acreditar no figurar en el Registro Nacional de Deudores.
- Los Departamentos de Tránsito tendrán la obligación de consultar mensualmente el registro.
- Si encuentran que un titular vigente pasó a ser deudor, deberán cancelar su licencia de inmediato.
- La notificación se enviará por correo electrónico o carta certificada.
- Una vez que el deudor pague y salga del registro, podrá volver a solicitar su licencia sin esperar los dos años que exige la ley en otros casos de cancelación.
En la práctica, esto convierte al registro en un “semáforo moral”: si la persona no cumple, luz roja; si regulariza su deuda, vuelve el verde.
Aplausos, reparos y la eterna discusión
Durante la sesión, se mezclaron discursos cargados de indignación con advertencias sobre el exceso de trámite que este cambio podría generar. Mientras parlamentarios exigían “mano firme” para los deudores que abandonan a sus hijos, otros cuestionaban que la burocracia caería como un peso extra sobre los Departamentos de Tránsito, ya sobrecargados.
Pero incluso quienes dudaban reconocieron un punto ineludible: la deuda alimentaria en Chile se ha convertido en una pandemia silenciosa. Miles de NNA dependen de un dinero que nunca llega, mientras los agujeros de la ley permiten que muchos sigan conduciendo como si nada.
El proyecto, pese a los reparos, terminó avanzando sin modificaciones y ahora cruzará el pasillo hacia el Senado, donde deberá enfrentarse a su segundo trámite constitucional.
¿Castigo o justicia?: El debate que se abre
Para algunos, se trata de una sanción justa y necesaria. Para otros, de un golpe que no soluciona el problema de raíz: la falta de fiscalización municipal. Sin embargo, hay consenso en algo: la ley vigente se quedó corta y esta actualización busca cerrar grietas que por años permitieron el incumplimiento.
La apuesta es clara: presionar donde duele, en un país donde el auto se ha convertido en instrumento de trabajo, símbolo de libertad y herramienta diaria. Si no se paga la pensión, se pierde ese privilegio.
Y en el Congreso, cuando la votación terminó, quedó flotando una frase que resume el espíritu de la jornada: “No es castigo. Es justicia para quienes siempre han tenido que esperar.”
