La comisión de Constitución inició el debate del proyecto que busca restringir los indultos presidenciales, prohibiendo su aplicación a condenados por delitos de lesa humanidad. La iniciativa genera tensiones entre oficialismo, oposición y el Gobierno, que exige definiciones ante un tema que cruza memoria histórica, derechos humanos y el escenario electoral.
En una sala que a ratos parece más un anfiteatro de tensiones que una comisión parlamentaria, comenzó a discutirse esta semana uno de los proyectos que promete marcar el pulso político del cierre de año: la reforma constitucional que busca limitar el poder presidencial para otorgar indultos. Una idea presentada por parlamentarios oficialistas, que llegó sin estridencias pero que rápidamente escaló al centro del debate nacional.
El tema no es menor. Se trata de tocar una de las atribuciones más simbólicas —y polémicas— del poder Ejecutivo: el perdón presidencial. Y hacerlo, además, con un objetivo explícito que remueve capas históricas del país: impedir que condenados por delitos de lesa humanidad puedan recibir este beneficio.
Un proyecto que mira al futuro… pero también al pasado
La comisión de Constitución fue el escenario donde se abrió el primer capítulo de esta discusión. Allí, según expusieron sus impulsores, el propósito es claro. El diputado del PPD, Héctor Ulloa, lo resumió con una frase que reverberó en la sala:
“Evitar que el Presidente de la República pueda indultar a condenados por delitos de lesa humanidad”.
Es una frase que traspasa la contingencia y golpea la memoria de un país cuya historia reciente sigue siendo un terreno sensible. Para algunos, un acto de justicia preventiva. Para otros, un movimiento político calculado.
La oposición prende las alarmas
Desde la vereda contraria, las respuestas no tardaron. El diputado Andrés Longton (RN), integrante de la misma comisión, fue categórico: para él, la reforma tiene aroma a estrategia electoral.
“Es una maniobra político-electoral frente a las elecciones que vienen”, sostuvo, apuntando además que ya existe un proyecto similar en el Senado.
La acusación abrió otro flanco: ¿se está legislando por convicción o por campaña?, ¿O ambas cosas pueden convivir en un mismo texto constitucional?
El Gobierno entra en escena
Mientras parlamentarios cruzaban miradas y declaraciones, el Gobierno decidió intervenir con un tono medido, pero firme. La ministra vocera, Camila Vallejo, recordó que la postura del Ejecutivo tiene un principio infranqueable: ningún beneficio puede favorecer a autores de delitos considerados entre los más graves en el derecho internacional.
Lo dijo sin titubeos:
“No pueden existir espacios para beneficios a responsables de delitos de lesa humanidad. Es un principio irrenunciable para este gobierno”.
Y fue más allá. Vallejo emplazó directamente al candidato presidencial José Antonio Kast a aclarar su postura respecto de eventuales beneficios, conmutaciones o indultos para personas condenadas por violaciones graves a los derechos humanos.
La ministra lo dejó claro:
“No hay medias tintas cuando se trata de torturadores o violadores de menores. Cualquier medida que facilite liberaciones anticipadas sería inaceptable”.
Sus palabras marcaron un punto de inflexión en el debate: ya no era solo una discusión técnica o legislativa. Era, nuevamente, un choque entre memorias, identidades políticas y lecturas del país que se quiere construir.
Lo que está en juego
La reforma abre una pregunta mayor, que late en cada intervención: ¿Debe el Presidente mantener un poder tan amplio para indultar, o es hora de acotarlo?
El Parlamento deberá resolverlo en las próximas semanas, en medio de un clima electoral que tensiona aún más cada palabra y cada voto.
Por ahora, la reforma apenas inicia su recorrido. Y aunque su destino legislativo aún es incierto, lo que sí está claro es que su discusión vuelve a exponer una herida histórica: la relación entre justicia, memoria y poder político en Chile.
Una herida que —como se vio esta semana en la Cámara— todavía no cierra del todo.
