Con el respaldo de la Comisión de Educación, avanza el proyecto que reformula el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación a través de medidas que buscan agilizar los traspasos, profesionalizar la gestión, asegurar recursos para infraestructura, fortalecer la relación con comunidades y establecer un marco de gobernanza estatal permanente. El ministro Nicolás Cataldo destacó que el sistema, que llegará a 36 SLEP en 2026, requiere estabilidad y mejoras continuas.
En la sala todavía quedaba un leve olor a café frío y al cansancio de una jornada que se hizo larga, intensa y, para algunos, histórica. Pasaban las horas y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados parecía transformarse en un pequeño laboratorio político donde se decidía, en silencio y a ratos con chispazos de tensión, el destino de miles de estudiantes que nunca han pisado ese edificio, pero cuyas vidas dependen de lo que se escriba allí.
Al caer la tarde, entre suspensos respirables y páginas subrayadas hasta el cansancio, la comisión finalmente aprobó —en particular— el proyecto de ley que busca fortalecer el Sistema de Educación Pública y los Servicios Locales de Educación (SLEP). Una reforma que no solo ajusta tuercas: promete reordenar piezas completas de un sistema que viene arrastrando fallas, expectativas y frustraciones desde su nacimiento.
Cataldo, entre advertencias y certezas
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, entró y salió de la sesión con la serenidad de quien entiende que la educación pública es, a estas alturas, un paciente delicado. “La discusión que se ha dado en esta comisión dignifica el debate educativo”, dijo, midiendo cada palabra con la precisión quirúrgica de quien sabe que afuera lo esperan luces, cámaras y críticas.
Aseguró que el proyecto permitió desmenuzar las “condiciones estructurales” que han tensionado el sistema desde su origen. Y no solo habló de problemas: habló de soluciones, de un camino posible, de un futuro que, si se cuida, podría por fin dejar de ser promesa para convertirse en estructura firme.
Cataldo recordó también el tamaño del desafío: Para enero de 2026, Chile tendrá 36 SLEP en régimen, administrando más de 3 mil establecimientos y jardines infantiles, y atendiendo a 642 mil estudiantes. Una tarea de ingeniería institucional que no admite improvisaciones.
Y pese a las sombras que han acompañado a algunos servicios locales, el ministro puso un dato sobre la mesa:
- Mientras el Simce 2024 mostró un crecimiento nacional de 6 a 7 puntos en cuarto básico,
- los SLEP crecieron entre 11 y 13 puntos.
Una cifra incómoda para quienes piden eliminar el sistema, pero alentadora para quienes quieren profundizarlo.
“Es hora de que entendamos esta política como una política de Estado”, sentenció Cataldo, subrayando que, si el país persevera, “el futuro para la educación pública puede ser mucho mejor”.
La reforma: un mapa de seis caminos
El proyecto aprobado no es un mero ajuste administrativo: es un rediseño de arquitectura institucional. Y su corazón late en seis ejes que buscan corregir los errores más repetidos por alcaldes, comunidades y funcionarios desde que nacieron los SLEP.
1. Un traspaso menos improvisado
El proyecto convierte los planes de transición en un requisito universal, duplicando su plazo: de uno a dos años. También incluye sanciones para alcaldes que obstaculicen el proceso. El mensaje es claro: el traspaso ya no puede quedar librado al azar.
2. SLEP con más músculo y mejores herramientas
Se agiliza el nombramiento de directores ejecutivos y se crea un nuevo sistema de responsabilidad administrativa. Además, se establece un Fondo de Infraestructura para la Educación Pública, hecho ley, para que los establecimientos bajo los SLEP dejen de depender de parches.
3. Comunidades como eje, no como adorno
Los Comités Directivos Locales deberán presentar planes de vinculación territorial, y los Consejos Locales sumarán nuevos integrantes. También habrá criterios claros para crear oficinas locales donde se requieran.
4. Una Dirección de Educación Pública más activa
La DEP podrá entregar apoyo pedagógico, administrativo y financiero, además de transferir recursos para infraestructura mediante resolución. También podrá emitir lineamientos obligatorios cuando un SLEP esté en crisis.
5. Mineduc como articulador del Estado
Se fortalece la Mesa Ejecutiva para la Coordinación Regional, que permitirá conectar a los SLEP con otros servicios públicos y evitar que la burocracia se convierta en un enemigo del sistema.
6. Política de Estado, no programa de gobierno
Se crea un Comité de Ministros para el Sistema de Educación Pública, con 10 ministerios involucrados y reuniones obligatorias al menos dos veces al año. El objetivo: evitar que la educación pública vuelva a quedar a la deriva del gobierno de turno.
Lo que viene ahora
La iniciativa deberá seguir su ruta legislativa en la Comisión de Hacienda, y, si avanza, pasar a discusión y votación en Sala.
Afuera, el país observa con mezcla de esperanza y desconfianza. Lo que se resuelva no será un simple trámite legislativo: será la base de un nuevo ciclo para la educación pública chilena.
Porque mientras las cifras, los discursos y los proyectos se discuten entre cuatro paredes, hay cientos de miles de estudiantes que esperan —sin saberlo— que esta vez Chile no vuelva a fallarles.
