El Primer Juzgado de Letras de Iquique acogió la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio interpuesta en contra del Gobierno Regional de Tarapacá. El tribunal ordenó al Gobierno Regional pagar la suma total de $23.000.000 a los padres y a la estudiante en práctica que fue grabada y fotografiada en los baños de la repartición estatal sin su autorización.
Según el fallo, el Gobierno Regional no actuó con la debida diligencia para prevenir o detectar los hechos denunciados y omitió los deberes de control, vigilancia, resguardo, protección de la intimidad, dignidad, seguridad y privacidad en un ambiente laboral. El magistrado Héctor Kompatzki Delarze destacó que la falta de protocolos adecuados y mecanismos de fiscalización interna permitió que se cometiera el delito.
El tribunal estableció que la estudiante sufrió un detrimento o menoscabo psicológico producto de los atentados sufridos en su intimidad, dignidad y derecho a la vida privada. El daño moral de la demandante fue avaluado en $20.000.000. Además, se ordenó pagar $1.500.000 a cada uno de los padres de la estudiante por el daño moral sufrido.
El fallo destaca que el Gobierno Regional de Tarapacá no contaba con protocolos adecuados para prevenir este tipo de intromisiones a la intimidad de los funcionarios en espacios sensibles como un baño de mujeres. También se señaló que la institución carecía de mecanismos adecuados de fiscalización interna para impedir la instalación de cámaras en el baño.
El tribunal consideró que la falta de servicio del Gobierno Regional se fundó en la falta personal del funcionario Daniel Luna Hidalgo, quien fotografió y grabó a la estudiante sin su autorización mientras se encontraba en el baño de mujeres de la repartición estatal. El funcionario fue destituido y se tipificó un ilícito penal en su contra.
La sentencia también destaca que los padres de la estudiante sufrieron padecimiento psicológico al presenciar los pesares que debió soportar su hija, lo que afectó la estabilidad y unidad familiar. El tribunal consideró que el daño moral sufrido por los padres fue consecuencia directa de la falta de servicio cometido por el Gobierno Regional.
En resumen, el fallo del Primer Juzgado de Letras de Iquique es un precedente importante en materia de protección de la intimidad y dignidad de las personas en los espacios laborales. El Gobierno Regional de Tarapacá deberá cumplir con la sentencia y pagar la indemnización ordenada por el tribunal.
