La Justicia Militar investiga bajo total hermetismo una grave denuncia por violación que involucra a dos capitanes del Ejército de Chile. Los hechos habrían ocurrido la madrugada del 9 de febrero de 2025 en un recinto militar ubicado en Valdivia, luego de que ambos oficiales compartieran en una fiesta junto a otros uniformados.
Según el testimonio de la denunciante —identificada como Alejandra para resguardar su identidad—, ella se encontraba en estado de ebriedad y con escasos recuerdos cuando fue atacada sexualmente por el capitán F., a quien describe como un compañero laboral y amigo. La capitán relató haber despertado durante el abuso, tras quedarse dormida en su cabaña en el Campo Militar Valdivia, lugar al que volvió junto a una colega después de asistir a una discoteque local.
Actualmente, el oficial denunciado permanece en prisión preventiva por orden de la Fiscalía Militar Letrada de Valdivia. En paralelo, y a petición del comandante en jefe del Ejército, se decretó su retiro temporal del servicio.
Un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Valdivia concluyó preliminarmente que existen antecedentes que permiten sostener una hipótesis de relación sexual consentida, basándose en testimonios, grabaciones de cámaras y peritajes médicos.
No obstante, la defensa de la denunciante cuestionó la imparcialidad del informe, calificándolo como “tendencioso, parcial e incompleto”, y acusó omisiones graves, como la exclusión de un informe médico independiente que constata lesiones compatibles con violación.
El Ejército informó que el oficial fue separado de sus funciones y posteriormente dado de baja el 4 de junio de este año. Además, aseguró que activó los protocolos internos para apoyar a la víctima, incluyendo apoyo médico, psicológico y legal.
La defensa del imputado ha solicitado su libertad provisional, apuntando a la falta de pruebas concluyentes, mientras que la parte denunciante insiste en la existencia de lesiones físicas y psicológicas acreditadas, las cuales, según afirma, fueron ignoradas por la investigación de la PDI.
El caso se mantiene abierto en la justicia militar y ha reabierto el debate sobre la imparcialidad y efectividad de los protocolos ante casos de violencia sexual dentro de instituciones castrenses.
