En una iniciativa conjunta entre la Defensoría Penal Pública, Gendarmería y el Gabinete de Justicia, se inauguraron dos nuevos espacios destinados a la atención jurídica de mujeres privadas de libertad, garantizando así un acompañamiento más digno, privado y eficiente en el proceso de reinserción.
En un esfuerzo por cerrar las brechas de acceso a la justicia dentro del sistema carcelario, el Complejo Penitenciario Femenino de Iquique cuenta desde este miércoles con dos nuevas oficinas de atención jurídica. Este proyecto, liderado por la Defensoría Penal Pública de Tarapacá, busca mejorar radicalmente las condiciones en las que las internas reciben asesoría legal, permitiendo un contacto más fluido y reservado con sus defensores.
Condiciones dignas para la defensa
Hasta la fecha, la atención jurídica al interior del recinto enfrentaba dificultades logísticas que limitaban la privacidad. Las nuevas dependencias han sido equipadas con escritorios, mobiliario adecuado y conexiones eléctricas, elementos básicos pero fundamentales para que los abogados puedan revisar expedientes, trabajar con dispositivos electrónicos y conversar con sus representadas sin interrupciones.
El defensor regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón, destacó que estas oficinas no solo son un mobiliario nuevo, sino un paso concreto hacia la garantía de un debido proceso para las mujeres que cumplen condena, permitiendo un acompañamiento jurídico continuo y profesional.
Un cierre de gestión con enfoque intersectorial
La ceremonia de inauguración tuvo un matiz especial, al marcar la última actividad oficial del gabinete de Justicia encabezado por el seremi Pablo Valenzuela Ramírez. La presencia de diversas autoridades regionales subraya la importancia de este convenio interinstitucional:
- Ema Moreno, directora regional del Registro Civil.
- Marcelo Lazcano, director regional del Servicio Médico Legal.
- Carolina Fernández y Marcos Gómez, directora general y director regional de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJTA), respectivamente.
La habilitación de estos espacios refleja una estrategia coordinada para que la oferta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llegue directamente a los grupos más vulnerables, asegurando que el paso por el sistema penal no signifique el aislamiento total del ejercicio de los derechos básicos.
Impacto en la reinserción
Para las autoridades, contar con una defensa activa y condiciones adecuadas para el asesoramiento es una pieza clave en la estrategia de reinserción social. Al fortalecer la relación entre la interna y su defensor, se reducen las incertidumbres del proceso penal y se fomenta una mejor preparación para el egreso del sistema penitenciario.
Con esta acción, la región de Tarapacá da un paso adelante en la modernización de su infraestructura carcelaria, poniendo la dignidad de las usuarias en el centro de la gestión pública.
