JUSTICIA ARGENTINA INICIA JUICIO CONTRA EL EXPRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ POR PRESUNTA CORRUPCIÓN
La Justicia de Argentina ha procesado al expresidente Alberto Fernández, en el marco de una investigación por corrupción a raíz de unas supuestas irregularidades en la contratación de seguros para dependencias públicas durante su mandato (2019 – 2023), en una trama que involucra a una treintena de personas más.
En concreto, el juez Sebastián Casanello enjuició a Fernández bajo el cargo de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública«, que el Código Penal argentino castiga con prisión desde uno a seis años, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El exmandatario de 66 años, está acusado de administración fraudulenta por el uso de intermediarios por parte de su gobierno; uno de los cuales, presuntamente, tenía vínculos con él para contratar pólizas de seguros que podrían haberse negociado directamente.
El magistrado precisó en su fallo que Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y esposo de María Cantero, asistente privada del expresidente, fue beneficiado por un decreto publicado en 2021 con la firma de Fernández para que las entidades públicas contrataran los servicios de la empresa Nación Seguros.
Además, el juez Casanello embargó a Fernández por 14.634.220.283 de pesos (11.653.771 de dólares), y procesó a Cantero por negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de la funcionaria Martínez Sosa, como partícipe del delito de negociaciones incompatibles, y también al exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano, por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
A Fernández lo habían imputado en febrero de 2024 por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que lo acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
La denuncia pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto 831, firmado por Fernández en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exlíder como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
