Según un reportaje de un medio de comunicación nacional, esta situación provocó gran preocupación en Gendarmería, que advirtió que esto «pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada».
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, autorizó el 25 de enero recién pasado la realización de videollamadas a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
Pese a esta situación, Urrutia ratificó su resolución, lo que llevó a la institución a recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante un recurso en el cual alertan sobre la gravedad de la decisión.
“Considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados”, señala el documento consignado por el medio citado.
En esta línea, argumentan que el hecho que las personas encarceladas puedan comunicarse libremente con terceros, indicando que, “es particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración”.
Finalmente, el tribunal de alzada dio una orden de no innovar, suspendiendo la resolución del juez Urrutia. El 13 de febrero, el tribunal de garantía entregó un plazo máximo de dos días para que se remita un informe con los detalles de la decisión.
“PERJUDICA SEGURIDAD DEL PAÍS”
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la polémica resolución del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien habría autorizado videollamadas para reos de alta peligrosidad internos en la Cárcel de Alta Seguridad de la región Metropolitana.
“Estamos en contra y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza”, comentó desde Valparaíso el subsecretario.
Al respecto, Monsalve criticó la resolución del Daniel Urrutia, y resaltó que precisamente reos de alta peligrosidad “tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización”.
Agregó que, con instrucciones como las decretadas por el juez, el esfuerzo que hace el Estado por generar seguridad en la población “pierde todo sentido”.
“A nosotros nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno va a utilizar toda la herramienta necesaria para evitar que esto vuelva a ocurrir”, aseguró Monsalve.
Consultado respecto de si el juez Daniel Urrutia debe ser sancionado, Manuel Monsalve respondió que eso le corresponde decidirlo al Poder Judicial, e insistió en que la decisión es “completamente equivocada” y que “perjudica la seguridad del país” ya que “socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado.
