El proyecto presentado por el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser que busca encargar al Servicio Médico Legal (SML) la identificación de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, vuelve a la Comisión de Derechos Humanos tras su aprobación en general en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa, que avanza con 71 votos a favor, 62 en contra y 4 abstenciones, ha encendido un intenso debate político y social, polarizando a legisladores y familiares de víctimas.
Un proyecto que busca acelerar la justicia
Según Kaiser, el proyecto apunta a eliminar barreras burocráticas que han retrasado la identificación de los restos humanos, una deuda histórica que pesa sobre el Estado chileno desde 1973 hasta 1990. “Es urgente avanzar en la identificación de los restos de quienes desaparecieron forzadamente. Los familiares merecen respuestas y el SML tiene la obligación de actuar con eficacia”, señaló el parlamentario libertario.
La propuesta permite que el SML realice los peritajes necesarios incluso sin orden judicial previa, un punto que ha generado la mayor controversia. En su argumentación, Kaiser sostiene que la falta de políticas estatales claras ha prolongado innecesariamente la angustia de las familias de víctimas de desaparición forzada.
Voces a favor: avanzar sin demora
Diputados como Ximena Ossandón defendieron el proyecto, señalando que el texto aborda un tema sensible y que “es momento de revisar de una vez por todas los restos de los detenidos desaparecidos que están bajo custodia del SML”. Otros parlamentarios que apoyaron la iniciativa coincidieron en que el Estado ha sido negligente y que la demora ha afectado profundamente a los familiares.
Voces en contra: riesgos y cuestionamientos
Sin embargo, la polémica se hizo sentir con fuerza en la Sala. La diputada Lorena Pizarro advirtió que la medida podría cuestionar la voluntad de las familias y que el proyecto no puede tratar a las víctimas como meros expedientes burocráticos. “¿Alguien cree que estas familias quieren lucrar con la tragedia de sus seres queridos?”, sostuvo con dureza.
Otros legisladores opositores señalaron que el proyecto, al prescindir de la orden judicial, podría abrir la puerta a que corran los plazos de prescripción, afectando la figura del secuestro permanente y generando riesgos jurídicos que podrían entorpecer la justicia.
Indicaciones clave: equilibrio entre acción y legalidad
Ante las críticas, la Sala aprobó indicaciones que buscan delimitar las facultades del SML. La primera indica que el SML deberá solicitar autorización a los tribunales para realizar los exámenes, asegurando que solo se intervengan restos con antecedentes que indiquen víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990. La segunda establece que la identificación sin orden judicial no iniciará plazos de prescripción, buscando proteger los derechos procesales y evitar vacíos legales.
Casos que dividen y tensan el debate
El debate también estuvo marcado por casos mediáticos, como el de Bernarda Vera, chilena que figura entre los detenidos desaparecidos pero que presuntamente vive en Argentina. Opositores usaron este ejemplo para enfatizar la necesidad de establecer límites claros y evitar que el proyecto se convierta en una herramienta controvertida o mal aplicada.
La encrucijada de la memoria y la justicia
El retorno del proyecto a la Comisión de Derechos Humanos no cierra el debate: la propuesta de Kaiser refleja la tensión entre urgencia histórica, derechos de las familias y límites legales. La sociedad chilena observa atentamente mientras los legisladores buscan un equilibrio entre acelerar la identificación de los restos y garantizar que la justicia se aplique sin atajos.
El proyecto mantiene viva la discusión sobre cómo Chile enfrenta su pasado, la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia, en un escenario donde la historia, la política y la ética convergen con fuerza.
