Al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, le llueve sobre mojado, y es que el pasado viernes recibió el detalle del fallo de la Corte Suprema que confirmó las sentencias anteriores que lo habían condenado, y también a los ex jefes de los departamentos de Educación, Control y Administración y Finanzas, por su responsabilidad en el atraso de pagos previsionales.
En concreto, deberán reintegrar más de 56 millones de pesos a dicho municipio, por las multas e intereses aplicadas desde las AFP, Isapres y el Instituto de Previsión Social (ISP).
Todo se remonta a un juicio de cuentas que inició la Contraloría en contra del emblemático líder comunista que, desde que dejó su administración en aquella casa edilicia, se ha dedicado -entre otras cosas-, a preparar su postulación como candidato a diputado.
Ese veredicto se inició a propósito del reparo presentado por la Contraloría en contra de Jadue, el exdirector de Control Patricio González, el exjefe del Departamento de Educación (DAEM) Heriberto Medina y de Guillermo Villar y Eduardo Macaya, ambos de la sección de administración y finanzas del DAEM.
La entidad que lidera la contralora Dorothy Pérez consideró que, “la responsabilidad civil que se atribuye a los cuentadantes deriva del examen de cuentas efectuado en la Municipalidad de Recoleta y cuyas conclusiones constan en el Informe Final de Investigación Especial N° 172, de 2017, de la II Contraloría Regional Metropolitana, en el cual se determinó que el municipio incurrió en pagos improcedentes por la suma de 1.336,13 UTM, por concepto de multas, intereses y recargos, por el pago extemporáneo de las cotizaciones al fondo de pensiones, salud previsional, ahorro voluntario y aportes del empleador, de los funcionarios del Departamento de Educación Municipal, correspondientes al periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2015 y durante los meses de junio, septiembre y octubre de 2016″.
Fue en agosto de 2023 cuando el juicio de cuentas llegó a su fin y se dictó una sentencia de primera instancia. En ese fallo se acogió la demanda por la suma total demandada de 1.336,13 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y se declaró culpable a todos, menos a González a quien se le eximió de responsabilidad.
SEGUIDILLA DE PORTAZOS JUDICIALES
Jadue y los demás exfuncionarios ficharon al abogado Roberto Garrido y apelaron, Pero en noviembre de 2024 nuevamente les fue mal ya que el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia -integrado por el ministro Víctor Merino y los abogados integrantes Jaime Ríos y Magdalena Prieto, le dieron un portazo y confirmaron la sentencia.
Jadue no se dio por vencido y buscó a toda costa impugnar la sentencia que finalmente fijó que el monto a pagar por la serie de irregularidades previsionales sería de 818,08 UTM, lo que equivaldría a casi $56,4 millones.
Así fue cómo Jadue ingresó en diciembre de 2024 un recurso de queja. Esa fue la última jugada para revertir la sentencia y en dicho recurso -a través de su abogado Garrido- el exalcalde comunista acusó que la sentencia del juicio de cuentas hizo una “torcida aplicación del derecho que resulta necesario enmendar y así no perjudicar aún más a un conjunto de funcionarios públicos, muchos de ellos, que actuaron en calidad de subrogantes, no sólo en el ámbito funcionarial sino que patrimonial”.
El recurso de queja cayó en la Tercera Sala de la Corte Suprema, instancia que volvió a dar un portazo a Jadue y los otros exfuncionarios públicos. En una sentencia unánime -con una sala integrada por el ministro Jean Pierre Matus, los ministros (S) Hernán Crisosto y Carolina Catepillán y las abogadas integrantes Pía Tavolari y María Angélica Benavides– rechazaron el recurso y dejaron afirme la sentencia del juicio de cuentas.
El máximo tribunal rechazó “por extemporánea” la queja de la defensa de Jadue, ya que según la Suprema el recurso se entregó fuera del plazo de cinco días hábiles.
Con esta última palabra judicial, ahora Jadue y el resto de los condenados deberá hacerse cargo del perjuicio provocado y pagar entre todos los casi $60 millones.
