Con una inversión superior a los 62 millones de pesos, el municipio busca prorrogar el programa de Patrullaje Preventivo. Sin embargo, el Concejo Municipal se transformó en un escenario de críticas por la falta de resultados en las poblaciones y el bajo impacto estadístico frente a delitos de alta connotación.
El modelo de seguridad de Iquique se encuentra en una encrucijada entre la academia y la calle. Durante la última tercera sesión del Concejo Municipal, la Dirección de Prevención y Seguridad Pública defendió la continuidad del Programa de Patrullaje Preventivo, un plan financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito que hoy cuenta con cinco vehículos (y espera llegar a siete en 2026) para vigilar desde el sector norte hasta las caletas del sur.
La apuesta municipal: Atacar el desorden antes que el delito
La defensa del programa se basó en la «Teoría de las Ventanas Rotas», que postula que el desorden urbano es el imán del crimen. Según la exposición municipal, el patrullaje ha sido clave para:
- Recuperación de espacios: Se citó el sector de la Feria Monumental (donde se erradicó el estacionamiento sobre platabandas) y el entorno del Terminal Agropecuario, contrastando la limpieza de la vereda oriente con el comercio ilícito del sector poniente.
- Vigilancia Escolar y de Salud: Entre mayo y noviembre, se realizaron rondas en establecimientos como el Colegio San Martín y Centenario, además de los CESFAM Aguirre y Videla, logrando el retiro de personas en situación de calle y disuasión de incivilidades.
- Casos Críticos: Se destacó la intervención de patrulleros en un intento de suicidio captado por cámaras, donde la formación social de los funcionarios permitió una derivación exitosa al hospital.
«Las poblaciones están abandonadas»: La dura réplica de los concejales
Pese a las cifras (1.680 rondas y apoyo en 56 focos de riesgo reportados por Carabineros), el escepticismo reinó en parte de la mesa. El concejal Barra cuestionó la eficiencia del gasto, señalando que «se aborda un promedio de un caso al mes» en categorías clave y que los datos de prevención son difíciles de medir más allá de la simple «orientación».
Por su parte, el concejal Lonza calificó como «muy bajos» los resultados, mencionando que solo se registraron 11 apoyos en siniestros viales y 8 recuperaciones de celulares en casi un año. Además, criticó que el patrullaje no llegue con la misma intensidad a los sectores periféricos: «Playa Brava tiene patrullas cada 100 metros, pero las poblaciones están absolutamente abandonadas ante la venta de droga», se escuchó en la sesión.
El costo de la continuidad
La prórroga solicitada asciende a $62.515.200, destinados al pago de cinco profesionales, cinco conductores y un coordinador. Este último punto generó suspicacia, ya que se presupuestaron 9 meses de sueldo para el coordinador frente a 6 meses para el resto del equipo. El municipio aclaró que esto responde a la necesidad de realizar el cierre administrativo y las rendiciones de cuentas ante el Ministerio de Seguridad.
El programa se mantendrá en «stand-by» hasta su aprobación definitiva, mientras la ciudad espera que la futura Ley de Seguridad Municipal otorgue las facultades necesarias para que estos patrullajes pasen de la observación a una acción más contundente.
