El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció que se oficiará a Gendarmería para solicitar información sobre el número de personas extranjeras privadas de libertad en centros de detención, tanto condenados como en prisión preventiva.
Esta medida se toma en el marco de la investigación por la liberación del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, quien inicialmente se presentó con un nombre falso: Osmar Ferrer.
«Hoy día en la tarde vamos a oficiar a Gendarmería y vamos a pedir que nos informe cuántas personas extranjeras hay hoy día privadas de libertad a la fecha, en centros de Gendarmería, tanto condenados como en prisión preventiva», señaló el fiscal Valencia. Esto con el fin de cotejar la información con sus sistemas de registro y verificar qué medidas se han tomado para determinar la identidad de esas personas.
La fiscalía sospecha que algunas personas privadas de libertad desde 2022 podrían ser prófugos con identidades falsas. «Tenemos sospechas de que algunas personas privadas de libertad desde el año 2022 hacia atrás podrían ser prófugos, pero presos con identidades falsas (nombres diferentes)», destacó Valencia.
El fiscal explicó que la falta de toma de huellas dactilares a imputados extranjeros en situación irregular antes de la reforma al código procesal penal de 2023 podría ser la causa de estos errores. «¿Por qué esto no pasó el 2022? Porque no nos dimos cuenta de inmediato cuando pasó por la zona de tránsito (zona de toma de huellas). El año 2022 este criterio no estaba vigente. Entonces, cuando pasó detenido, no le tomaron la huella», señaló Valencia.
En el caso específico de Mejía Hernández, Valencia destacó que si se hubieran tomado las huellas dactilares en 2022, se habría identificado su verdadera identidad y se habría evitado su liberación. «Si se le hubiera tomado la huella el 2022, al momento en que se le tomaron las huellas ahora en esta nueva detención, habría aparecido el match positivo y se habría identificado; se habría establecido que el nombre era falso», manifestó.
La fiscalía busca determinar qué medidas se han tomado para identificar a las personas privadas de libertad y evitar errores similares en el futuro. «Queremos saber qué es lo que hemos hecho para determinar la identidad de esas personas, para que no vuelva a pasar dos veces», concluyó Valencia.
