Ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados se presentó el informe del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), el que expuso que, desde enero a abril de este año, se han reportado 11.705 ingresos por pasos no habilitados.
El 44.8% de los ingresos se produjo a través de la Región de Tarapacá, por lo que zona sigue liderando en esta materia.
Le siguen la Región de Arica y Parinacota con un 10.2%, la Metropolitana con un 6,8% y la del Biobío con un 6,6%.
Eso sí, el Sermig explicó que la estadística considera la zona en la cual se hizo la denuncia y que, según la comparación con el mismo periodo del año anterior, “los ingresos clandestinos han disminuido 19,4%, ya que, a abril del 2023, la entrada a través de pasos no habilitados ascendía a 14.530 denuncias”.
EXPULSIONES
De acuerdo con lo presentado por Luis Thayer, director nacional de Migraciones, a la comisión, desde enero hasta mayo se materializaron 425 expulsiones.
De ellas, 218 casos son administrativas y otras 207 corresponde a lo dictado por el Poder Judicial.
En tanto, en el 2023 se concretaron 946 expulsiones. De ellas, 337 tenían carácter administrativo y 609 judicial.
En tanto, el aumento de las expulsiones administrativas se debe a que el Gobierno ha impulsado las modificaciones legales para realizar este tipo de acciones, así como inyectado una mayor cantidad de recursos para materializar los viajes, según señala Thayer.
NACIONALIDADES
Las cifras, que son elaboradas por el Departamento de Estudios del Sermig a partir de datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), dan cuenta que de todas las expulsiones materializadas durante lo que va del año, la mayoría corresponde a ciudadanos colombianos.
En concreto, 161 son colombianos, número que equivale a un 38%. Le siguen los venezolanos, con 150 casos, es decir, un 35% del total.
Entre ambas nacionalidades se suma un 73% de todos los expulsados.
Atrás quedan los ciudadanos bolivianos (8%), peruanos (6%), ecuatorianos (3%) y haitiano (1%).
Sobre esto, Thayer indica que las expulsiones no discriminan o priorizan la nacionalidad. “El criterio es expulsar a quienes han cometido delitos o han incurrido en faltas migratorias graves, independiente de su nacionalidad. Por cierto, materializar las expulsiones implica la colaboración de los países de origen, en cuanto a la certificación y verificación de sus identidades”.
Ante esto, el diputado, y además presidente de la Comisión, Andrés Longton (RN) indicó que es preocupante que la mayoría de las expulsiones pendientes correspondan a personas con ciudadanía venezolana y plantea que existe la posibilidad de “expulsar a ciudadanos venezolanos haciendo escala en Colombia y luego cruzar por tierra, pero pareciera que el Ejecutivo no busca otras formas para hacer cumplir nuestra ley y mejorar la relación entre nacionales y extranjeros”.
| Nacionalidad | Administrativa | Judicial | Total | Total (%) |
| Colombia | 87 | 74 | 161 | 38% |
| Venezuela | 59 | 91 | 150 | 35% |
| Bolivia | 16 | 20 | 36 | 8% |
| República Dominicana | 26 | 6 | 32 | 8% |
| Perú | 16 | 8 | 24 | 6% |
| Ecuador | 9 | 5 | 14 | 3% |
| Haití | 1 | 2 | 3 | 1% |
| Argentina | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Brunei | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Turquía | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Total | 218 | 207 | 425 | 100% |
A juicio de Longton, la situación actual es “preocupante y totalmente deficiente” y apunta a una “gestión ineficaz y una falta de voluntad política”.
LEY DE MIGRACIONES
De acuerdo con la nueva Ley de Migraciones se establece que las personas extranjeras condenadas por la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas, no pueden acceder a expulsiones judiciales.
“Esto ha significado una importante disminución en las expulsiones judiciales a ejecutar, fenómeno que es más notorio en los años 2023 y 2024″, indicó Thayer. Sin embargo, se buscar revertir la situación con un proyecto del Ejecutivo el cual se encuentra en tramitación en el Congreso.
El director del Sermig señala que “el gran desafío que tenemos es aumentar la capacidad de las policías de ubicar y detener a las personas que están con orden de expulsiones vigente. Estamos trabajando en una normativa para tener mayor control de las personas con decreto de expulsión para que estén obligadas a comparecer ante la autoridad administrativa y policial de manera habitual”.
