La Defensoría de la Niñez presentó un informe que advierte sobre los crecientes riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en la región de Tarapacá debido a la presencia del crimen organizado.
El documento, titulado “Crimen organizado y derechos de la niñez: estándares y diagnóstico preliminar”, analiza cómo la violencia y las redes delictivas impactan en la infancia y la adolescencia, especialmente en comunidades con desigualdad y ausencia del Estado.
Según el informe, adolescentes en Tarapacá están cada vez más involucrados en delitos asociados al crimen organizado, particularmente en actividades de iniciación como robos de vehículos mediante violencia y portonazos. La mayoría de los imputados son hombres y se concentran en los 17 años.
Entre los factores que aumentan la vulnerabilidad se destacan pobreza, exclusión social, debilidad institucional e impunidad, mientras que la presencia de redes criminales se ve favorecida en zonas con escasa supervisión estatal.
El análisis estadístico revela que los delitos sufridos por menores vinculados al crimen organizado crecieron significativamente entre 2015 y 2022, con un descenso en 2023, aunque Tarapacá sigue registrando cifras preocupantes en comparación con otras regiones.
La Defensoría propone medidas concretas para enfrentar esta problemática en Tarapacá y otras zonas afectadas:
- Preventivas: revisar y fortalecer estrategias nacionales contra el crimen organizado y programas de protección infantil.
- Sociales: apoyar la reinserción de adolescentes involucrados en redes delictivas mediante educación, empleo y acompañamiento psicosocial.
- Legislativas: sancionar la captación de menores por bandas y promover la creación de aulas de reingreso.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que es urgente contar con una base de datos unificada sobre crimen organizado que permita diseñar estrategias efectivas de prevención y protección, especialmente en regiones vulnerables como Tarapacá, y garantizar así los derechos de niños, niñas y adolescentes.
