
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció la “presencia intempestiva de personal militar” en el antiguo autódromo de Arica; un hecho que habría ocurrido, -indican-, mientras se desarrollaban actividades del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Las diligencias buscaban esclarecer el paradero de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
De acuerdo con el organismo, las labores se efectuaron entre el 7 y el 10 de julio en un sitio considerado clave para la investigación. El ministro en visita, Sergio Troncoso Espinoza, encabezó las acciones. Participaron instituciones del Estado, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos, reveló el INDH.
En esta línea, la entidad precisó que, según información de prensa y testimonios de familiares, personal del Ejército llegó al lugar sin coordinación previa. “No existió justificación clara ni mandato formal” para su intervención durante las diligencias, se lee en la declaración pública del organismo.
La presencia castrense generó una “grave perturbación emocional para los familiares”; por ello, el INDH detalló que estos percibieron la irrupción como un “acto intimidatorio” por el simbolismo de su presencia en un sitio vinculado a ejecuciones.
El organismo expresó solidaridad con los familiares de las víctimas por la afectación psicológica sufrida y subrayó que la reacción de los presentes tuvo fundamento en sus experiencias históricas.
Además, el INDH exigió al Ejército precisar las razones de su “sorpresiva presencia” en el lugar. La institución demandó transparencia sobre los motivos que llevaron al despliegue no coordinado.
El instituto recordó que Chile tiene la obligación de brindar “justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición” ante violaciones de derechos humanos. Este deber emana de tratados internacionales y de la Constitución Política.
Las acciones del Plan Nacional de Búsqueda “deben garantizar el resguardo psicológico y la dignidad de los familiares”. El INDH enfatizó la necesidad de “evitar su revictimización” en todo procedimiento.
Por ello, el organismo instó a las instituciones involucradas a reforzar protocolos de seguridad, ya que, «esto implica una adecuada coordinación interinstitucional en contextos de alto impacto emocional y simbólico”.
Finalmente, el INDH anunció que continuará monitoreando el caso, y que vigilará que autoridades civiles y militares ajusten su conducta a los estándares internacionales de derechos humanos.