La decisión de incorporar a Trinidad Steinert, hasta ayer Fiscal Regional de Iquique y Tarapacá, al futuro gabinete de José Antonio Kast como ministra de Seguridad Pública generó malestar y cuestionamientos internos en el Ministerio Público, tanto por el fondo de la designación como por la forma en que esta se dio a conocer.
En la Fiscalía Nacional la noticia causó incomodidad, ya que no habría existido una comunicación previa y el anuncio se conoció a través de una filtración a la prensa. El impacto fue mayor considerando que Steinert era vista como una persecutora cercana al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien la nombró en el cargo a fines de 2023. Su gestión fue breve: asumió en febrero de 2024 y presentó su renuncia esta mañana, sin alcanzar a cumplir dos años al frente de la fiscalía regional.
A la sorpresa inicial se sumó un debate jurídico que ha circulado con fuerza entre fiscales del país. La Constitución establece una prohibición explícita para que fiscales regionales y el Fiscal Nacional postulen a cargos parlamentarios hasta dos años después de dejar sus funciones, buscando resguardar la independencia frente al poder político. Sin embargo, no existe una restricción similar para asumir cargos ministeriales, lo que ha sido interpretado como un vacío normativo.
Desde el interior del Ministerio Público, algunos persecutores han señalado que el espíritu de dicha norma apuntaba precisamente a evitar este tipo de situaciones, recordando episodios anteriores que dejaron en evidencia los riesgos de cruces entre funciones persecutoras y proyecciones políticas.
Asimismo, al interior de la institución han surgido interrogantes sobre eventuales vínculos o afinidades políticas previas de la ahora exfiscal. Sin afirmaciones concluyentes, se han mencionado antecedentes de su gestión, como la designación de Francisco Chambi como jefe de gabinete, exasesor del Gobierno Regional de Arica, quien había sido objeto de cuestionamientos públicos y que ha manifestado abiertamente su admiración por el presidente argentino Javier Milei, incluso asistiendo a su cambio de mando.
El episodio dejó expuesta una tensión institucional relevante y volvió a instalar la discusión sobre la necesidad de ajustar el marco legal para reforzar las barreras entre el Ministerio Público y el poder político, en un contexto donde la autonomía de la Fiscalía es observada con especial atención.
