San Antonio, Alto Hospicio y Dignidad en La Florida son las tres tomas más grandes del país que hoy enfrentan órdenes de desalojo vigentes, un escenario que podría definir el futuro de miles de familias asentadas en terrenos privados. Tras el precedente judicial de Quilpué, donde se demolió la toma Calicheros, crece la presión sobre las autoridades para ejecutar los fallos pendientes y definir salidas habitacionales concretas.
En el caso de Alto Hospicio, la situación se torna cada vez más incierta, pues la toma Alto Molle, ubicada al oriente del hospital local, cumplirá el 9 de octubre tres meses desde que la Corte Suprema dictó un plazo de seis meses para que los ocupantes abandonen el terreno de 18 hectáreas perteneciente a la Sociedad Educacional Inmobiliaria Comercial e Inversiones Belén Limitada.
El predio estaba destinado a la construcción de viviendas sociales, pero desde 2018 ha sido ocupado por más de 600 familias. El fallo emitido el pasado 9 de julio ordenó a la Municipalidad de Alto Hospicio coordinarse con los ministerios de Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social para ejecutar el desalojo, garantizando un espacio temporal de albergue para los afectados y resguardando “el uso razonable y proporcional de la fuerza pública y el respeto irrestricto de la dignidad e integridad de las personas”.
Sin embargo, hasta ahora no se registran avances concretos. Desde el municipio señalaron que “se están realizando las coordinaciones con distintas instancias de gobierno para dar cumplimiento a lo que mandata el fallo, siempre teniendo como centro el resguardo de la integridad y derechos de las familias afectadas”.
Por su parte, Pedro Mellada, delegado presidencial de Tarapacá, aseguró que el gobierno busca avanzar con diálogo: “Estamos realizando las coordinaciones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, dentro de las cuales el acercamiento con los vecinos afectados es indispensable para conocer sus posturas e inquietudes”.
No obstante, los dueños del terreno expresan preocupación por la falta de acción. El abogado Georgo Peftouloglou, del estudio Fontaine & Cía., advirtió que “debemos reconocer que ha sido lento el avance. Vamos a pedir a la Corte de Iquique que dé cuenta de las gestiones que se han hecho y que exija a las autoridades informar cómo van estas programaciones”. Y agregó que “la autoridad debe asumir su deber y cumplir con la orden que le han dado”.
EL FUTURO EN SUSPENSO
En ese sentido Mary Contreras, dirigenta de la toma, lamenta la falta de respuestas y señala que la sensación entre los vecinos predomina la sensación de abandono. “Hemos golpeado muchas puertas, pero hasta el momento no hay nada claro respecto de qué pasará con la gente”.
Por otra, lado la dirigenta, cuestiona la ausencia de un catastro actualizado, “Tampoco han hecho un conteo real de cuánta gente hay involucrada. Nosotros contabilizamos 624 familias, pero la municipalidad dijo que no tenía fondos para censar”.
A tres meses que se cumpla el plazo determinado por las autoridades el futuro de la toma depende de la coordinación entre el Estado y las autoridades locales, en medio de un conflicto que refleja el vacío de soluciones habitacionales y la urgencia de una política pública que dé respuesta a la crisis de campamentos en Chile.
Fuente: Emol.com
