Tras un masivo operativo desarrollado en el Pasaje Uno de la población Raúl Rettig, la Fiscalía de Alto Hospicio logró desarticular una red de venta de sustancias ilícitas que operaba en las cercanías de colegios y centros de salud. El procedimiento, coordinado con el equipo MT-0 de la PDI, culminó con 10 imputados tras las rejas y la decisión judicial de incautar dos viviendas utilizadas como centros de acopio y comercialización. Esta medida busca erradicar definitivamente los focos delictuales del sector para transformar dichos espacios en centros de uso comunitario o servicios públicos.
Según informó la Fiscalía, la investigación, que incluyó el uso de agentes encubiertos, seguimientos y vigilancias durante el año 2025, permitió acreditar la participación de los sujetos en el tráfico de drogas en plena vía pública. Jocelyn Pacheco, fiscal jefe de Alto Hospicio, detalló que “el día 29 de enero del presente año se materializó la irrupción a 22 inmuebles, de los cuales 12 imputados fueron formalizados por delitos contemplados en la Ley 20.000, decretándose la prisión preventiva respecto de 10 de ellos”. La persecutora aseveró que la libertad de los involucrados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Durante los allanamientos, los detectives sorprendieron a varios de los implicados en situación de flagrancia mientras dosificaban la mercancía para su venta inmediata. En el balance del operativo se reportó la incautación de más de 3 kilos de pasta base, cuatro vehículos, teléfonos celulares y una suma superior a los 10 millones de pesos en efectivo. La persecutora destacó que “se logró la incautación de dos bienes inmuebles con la finalidad de erradicar estos puntos de venta, fijándose además un plazo de investigación de 120 días”.
El resultado final ante los tribunales se obtuvo tras una apelación verbal de la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones de Iquique, logrando elevar el número de sujetos privados de libertad tras los alegatos. Mientras se desarrolla el proceso judicial, las autoridades ya gestionan el cierre y refuerzo estructural de las casas incautadas en el Pasaje Uno para evitar reocupaciones. Este hito marca un precedente histórico en la lucha contra el microtráfico barrial, al atacar directamente la infraestructura utilizada por las bandas criminales para dominar el territorio poblacional.
