GRITOS, DENUNCIAS Y CHEQUES: EL ESCÁNDALO DEL CONSULADO CHILENO EN SÍDNEY QUE TERMINÓ EN QUERELLA

El eco de los gritos todavía resuena en los pasillos del consulado chileno en Sídney. No eran los típicos murmullos de la rutina diplomática: eran acusaciones, demandas y un reclamo que iba más allá de la formalidad que caracteriza a cualquier oficina de gobierno. Allí, un cónsul al borde de la paciencia, Sebastián Canales Angulo, enfrentaba a Natalia Pozo Rojas, una ciudadana marcada por la tragedia de perder a su hijo.
—¡No tengo por qué aceptar que una persona mal educada, indigna, falte a la decencia venga a insinuarme lo que usted me insinuó! —se le escucha gritar en el video viralizado, que captó la tensión del momento y recorrió redes sociales hace 49 semanas—. ¡Se va de mi oficina! Mi paciencia se acabó.
El incidente no fue un hecho aislado. Según documentos obtenidos por BBCL Investiga, el conflicto se desató tras la muerte del primogénito de Pozo en Australia y la gestión del consulado para asistirla. Canales Angulo asegura que, lejos de ignorarla, gestionó un informe socioeconómico que permitió entregarle un auxilio económico de 500 dólares para cubrir gastos inmediatos, incluyendo parte de la cremación.
Pero lo que parecía un acto de ayuda se convirtió en un enfrentamiento de dos horas, con gritos, empujones y acusaciones cruzadas que terminaron viralizándose. Según el cónsul, Pozo lo atacó físicamente, subiéndose a su espalda con la intención de asfixiarlo, y solo la intervención de sus asistentes consulares evitó lo que podría haber sido un desenlace más grave.
Del auxilio a la tensión
El 4 de agosto de 2024, un domingo que parecía rutinario, llegó la llamada de emergencia: Natalia estaba en la policía tras la muerte de su hijo. Canales se trasladó de inmediato al hospital, acompañó a la mujer a reconocer el cuerpo y cumplió funciones de intérprete. Posteriormente, documentó cada acción en la bitácora consular.
Lo que despertó la primera tensión fue la insistencia de Pozo en quedarse con el celular de su hijo para proteger los fondos depositados en su cuenta en Chile. Pese a ello, el consulado le permitió iniciar gestiones legales y otorgó los primeros auxilios financieros. Entre gestiones de Santiago y colectas comunitarias en Coogee, logró reunir más de 4.000 dólares australianos para la cremación.
La explosión en la oficina
El 3 de septiembre, la situación alcanzó su punto crítico. Pozo acudió al consulado para recibir asistencia, mientras grababa en secreto. Canales Angulo le pidió retirarse, recordándole que había actuado de buena fe, pero la conversación escaló a insultos, acusaciones de espionaje y golpes. Las cámaras captaron cómo Natalia lanzó su bolso y, según el relato de todos los presentes, intentó asfixiar al cónsul.
Jennifer Webb, canciller presente, y otra funcionaria intervinieron, y la policía fue llamada. El informe oficial determinó que Pozo presentaba solo lesiones menores, pero un estado de alteración y perturbación mental significativo.
Querella y consecuencias
El 25 de septiembre, Canales interpuso una querella por injurias y calumnias, desmintiendo las acusaciones de tortura y secuestro hechas por Pozo en televisión. Además del sumario administrativo y el traslado a Ecuador, la querella refleja la preocupación del cónsul sobre su reputación y el impacto de las acusaciones en su futuro profesional:
—Si yo hoy renunciara a mi cargo, siempre habrá alguien que, buscando en Google, encontrará la noticia y dudará sobre si en efecto hice o no lo que esta señora me acusa —advierte el diplomático en el documento judicial.
Mientras tanto, 108 residentes chilenos en Sídney enviaron una carta al embajador Jaime Chomalí solicitando reconsiderar el traslado del cónsul, evidenciando el impacto del caso en la comunidad.
Entre la tragedia y la política consular
Lo que comenzó como un acto de ayuda humanitaria terminó convirtiéndose en un escándalo diplomático que expone las tensiones entre funcionarios y ciudadanos en situaciones de crisis. La investigación de BBCL Investiga pone sobre la mesa cómo un auxilio financiero, malentendidos y la viralización de un video pueden transformar un consulado en el epicentro de un conflicto que combina política, justicia y tragedia personal.