El Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, enfrenta una crisis de hacinamiento crítica, que ha encendido las alarmas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Gendarmería de Chile. La alta concentración de internos ha generado riesgos para la seguridad, la salud mental de los funcionarios y la gestión cotidiana del penal.
De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), el penal actualmente alberga a 2.802 internos, pese a haber sido diseñado originalmente para 1.669 personas. Con el tiempo, la capacidad se incrementó primero a 2.003 plazas y luego a 2.351, sin modificaciones estructurales significativas, limitándose a agregar camas y redistribuir espacios.
Además, se proyecta una futura ampliación de 843 plazas, que elevará la capacidad total a 3.193 internos e incluirá nuevas dependencias como un Centro Cerrado Juvenil y un Centro Penitenciario Femenino, conformando un polo penitenciario regional.
El presidente provincial de Anfup, Patricio Carileo, advirtió que la sobrepoblación, que supera el 70% por sobre la capacidad original, ha generado un estrés laboral extremo en los funcionarios y limita la capacidad de respuesta ante eventos críticos como riñas, fugas o agresiones de internos. “La proporción ideal es un funcionario por cada diez internos, pero en Alto Hospicio actualmente tenemos un custodio para entre ochenta y cien internos”, señaló.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Tarapacá, Pablo Valenzuela, reconoció la gravedad de la situación y detalló que el Gobierno impulsa el “Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria”, que contempla la ampliación de 338 plazas adicionales entre 2026 y 2027 y la construcción del Centro Penitenciario Femenino con 743 nuevas plazas, proyectado para 2028, con el fin de descongestionar el sistema y mejorar la habitabilidad y seguridad.
ANTECEDENTES DEL PENAL Y LICITACIÓN
El Centro Penitenciario de Alto Hospicio fue inaugurado en 2006 como parte del “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 1”, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, y su puesta en servicio fue autorizada por la Dirección General de Concesiones. Desde su apertura ha sido administrado por el grupo BAS, cuyo contrato de concesión vence en enero de 2026.
En este contexto, la comisión de infraestructura del Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile se reunió con funcionarios del penal para recoger sus observaciones y definir mejoras a incluir en las bases del nuevo proceso de licitación, que permitirá modernizar la gestión y la infraestructura del complejo. Durante la jornada, se decidió ampliar la concesión actual por 24 meses mientras se elaboran las nuevas bases del concurso, incorporando experiencias de otros penales concesionados y las propuestas del personal que trabaja diariamente en Alto Hospicio.
Tras la reunión, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones para constatar la magnitud del hacinamiento y el estado de la infraestructura, comprometiéndose a considerar estas observaciones en la futura licitación.
Con estas medidas, el Ministerio de Justicia busca reducir la crisis de hacinamiento, mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad y garantizar que el personal penitenciario pueda desempeñar sus funciones en un entorno más seguro y sostenible.
