Por primera vez, las máximas autoridades de Seguridad Pública, Carabineros y la PDI reconocen en terreno que el contrabando —no la migración irregular— es hoy la amenaza más rentable, violenta y silenciosa de la macrozona norte. La millonaria carga decomisada en Arica expone la magnitud del problema: estructuras criminales, logística internacional y un corredor operativo capaz de mover mercancías con la rentabilidad del narcotráfico.
Era temprano en la Comisaría de Chacalluta, pero el ambiente no tenía nada de cotidiano. El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, tomó la palabra con una formalidad que no dejó espacio a dudas: algo grande había ocurrido en la frontera, algo que exigía la presencia del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y del Director General de la PDI, Eduardo Cerna.
“Estamos frente a un procedimiento de alto impacto”, abrió Araya, con una mezcla de gravedad y advertencia. “Hoy damos cuenta de una incautación que refleja la estrategia que hemos intensificado contra el crimen organizado”.
El decomiso, detalló, bordea las 480.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, listas para inundar el comercio informal de tres regiones. Un botín cifrado en cerca de $1.200 millones, oculto en un vehículo que avanzaba hacia Arica bajo la cobertura de un transporte aparentemente rutinario.
“Este es un golpe enorme. No son solo cigarrillos: es un mercado criminal que funciona como una empresa”, advirtió Araya.
Detrás de ese contenedor, dijo, había más que mercancía: había logística, financiamiento, redes de distribución y una estructura muy similar a las del narcotráfico.
El verdadero enemigo: el contrabando que financia la violencia
El ministro Cordero —quien completaba su tercera visita consecutiva a la frontera norte tras recorrer Tarapacá y Antofagasta— fue aún más directo: “El país habla siempre de la migración irregular, pero hoy la principal amenaza es otra.”
Cordero puso sobre la mesa lo que, según él, debe cambiar en el debate nacional: el contrabando es el motor económico del crimen en el extremo norte, y no se trata de algo menor ni improvisado.
“Alguien podrá pensar que se trata solo de tabaco”, dijo en un tono firme. “Pero un cargamento como este genera rentabilidades comparables al tráfico de drogas. Y para mover esta mercancía se requiere una estructura criminal completa: fachada, transporte, logística, lavado, protección y violencia”.
El mensaje era clarísimo: el contrabando dejó de ser un delito económico para convertirse en crimen organizado puro y duro.
Las cifras que lo explican todo
Mientras la política nacional se obsesiona con el ingreso irregular, Cordero entregó un dato que reordenó la discusión: las entradas ilegales han disminuido de manera significativa en los últimos años, según cifras oficiales.
Lo que crece, en cambio, es el movimiento clandestino de productos de alto valor: cigarrillos, licores, textiles, repuestos, alimentos y mercancías que cruzan la frontera por rutas alternativas, bajo vigilancia criminal.
“Lo que hoy debiera alarmarnos”, dijo Cordero, “es la consolidación de organizaciones que se financian por esta vía y que luego expanden su presencia en los territorios, generando violencia y afectando directamente a las comunidades”.
La visita que cambió el foco: del discurso migratorio al mapa real del crimen
La presencia de las máximas autoridades de ambas policías no era protocolar. Respondía a un diagnóstico elaborado durante semanas de trabajo conjunto que incluyó:
- revisión de unidades fronterizas en Tarapacá
- despliegue en rutas de Antofagasta
- evaluación operativa en Chungará
- visita a sistemas de vigilancia en la frontera de Arica
En cada punto, la conclusión se repetía: la frontera chilena es hoy un corredor estratégico del contrabando continental.
Y la incautación en Arica lo confirmaba con brutal claridad.
“Muralla Digital”: la apuesta tecnológica para cerrar el desierto
Mientras hablaban del golpe al contrabando, el ministro y el general director explicaron otra pieza silenciosa del plan: el avance de la “Muralla Digital”, el sistema de vigilancia tecnológica que busca cerrar los espacios por donde operan estas organizaciones.
El proyecto —financiado con el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado— incluye:
- cámaras térmicas y radares de detección a larga distancia
- un camión centro de mando móvil para Colchane
- camionetas 4×4 de reacción rápida
- nuevas salas espejo para monitoreo remoto desde Arica, Iquique y Santiago
- visores térmicos y vehículos blindados de intervención
- un software de comando y control para coordinar operaciones en tiempo real
La inversión total alcanzará $7.650 millones en tres etapas.
“Esta Muralla Digital no es teoría”, dijo Cordero. “Hoy ya permitió detectar esta carga”.
Un contenedor que reveló la dimensión del problema
La mercancía incautada será destruida, pero el mensaje que deja es mucho más profundo:
- hay financiamiento criminal internacional
- hay rutas establecidas
- hay logística sofisticada
- hay violencia detrás de cada carga
- hay impacto directo en barrios, ferias y comercios locales
- hay organizaciones que operan con la misma estructura de un cartel
“El contrabando es el próximo gran desafío de seguridad del país”, sentenció Cordero.
El cierre: un aviso para el norte… y para Chile
Cuando ya se apagaban las cámaras, el general Araya dejó un último mensaje:
“El combate al crimen no tiene descanso. No vamos a bajar la intensidad ni de día ni de noche”.
Y Cordero remató: “No son solo cigarrillos. Son redes criminales que dañan a las comunidades. Y vamos a ir por ellas”.
El desierto, ese que por años se percibió como una frontera silenciosa, habló con fuerza: el verdadero negocio criminal del norte no está en los pasos clandestinos humanos, sino en las mercancías que cruzan sin control, financiando violencia, lavado y estructuras que hace una década no existían.
Hoy, por primera vez, el Estado lo dice abiertamente.
Y ahora sabe dónde golpear.
