El Gobierno promulgó durante la jornada de ayer la reforma a la ley de insolvencia, que tiene como objetivo que las empresas y las personas con deudas opten por una reorganización de sus pasivos en desmedro de una quiebra.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que esta ley es importante para las personas naturales y las pymes, ya que se crean «procedimientos simplificados especiales para este grupo, de rápida tramitación y bajos costos. Además con esto se promoverá la reorganización por sobre la liquidación, lo que incentivará la recuperación de créditos, se preservan empleos y se evita el corte de cadenas de suministro».
En tanto, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, explicó que esta iniciativa introduce «múltiples mejoras» a la actual ley y que implica un «mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos burocráticos y más económicos», permitiendo así tener una «segunda oportunidad en sus actividades económicas».
Así la normativa busca disminuir la pérdida social y económica de la sociedad bajo cuatro pilares: la creación de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para personas y pymes; el incentivo al reingreso del deudor al sistema crediticio; la incrementación de tasas de recuperación de créditos; la promoción de reestructuración de pasivos, y la agilización y facilitación de procedimientos.
