El Presidente Gabriel Boric Font, junto al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto, la subsecretaria Macarena Lobos Palacios, y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, Álvarez, lideraron la jornada del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP).
Este plan de acción cuenta con un total de 210 medidas administrativas y legales orientadas a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el país. Entre estas, destaca la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y un proyecto de ley para modernizar y perfeccionar la actual Ley de Lobby, que recoge las recomendaciones entregadas este año por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Asimismo, se implementará un levantamiento del secreto bancario que faculta al Servicio de Impuestos Internos (SII) acceder de manera expedita y periódica a la información que sea necesaria para el control de la evasión y la elusión. También se establece la obligación de entidades públicas de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, entre otras medidas.
Al respecto, el Presidente Boric subrayó que “en Chile no debiera haber espacio ni complacencia con las faltas a la probidad, con los abusos y la impunidad ni para quienes buscan sacar provechos personales a partir de los recursos de todos los chilenos. O incluso, muchas veces, una línea más delgada aún porque hay ocasiones en que no son recursos contables necesariamente en dinero, sino también posiciones de poder para aprovechar privilegios injustos que terminan horadando el sentido más profundo de la función pública”.
“Por eso considero una muy buena noticia el que hoy estemos lanzando la Estrategia Nacional de
Integridad Pública, junto a todos los Poderes del Estado”, sostuvo.
También, destacó que “la Estrategia Nacional de Integridad Pública se hace cargo de los diferentes problemas de fondo que tiene el país en materia de corrupción y, también, busca anticiparse sin medias tintas ni dejando temas de lado, sin perjuicio de que en el futuro puedan surgir nuevos temas que nos obliguen a actualizar esta estrategia como corresponde en un país desarrollado”.
En tanto, el ministro Elizalde sostuvo que “esta Estrategia nos va a permitir actualizar nuestro marco normativo y modificar las prácticas con el objeto de contar con una institucionalidad mejor preparada, no solo para promover la probidad, la transparencia, sino también para enfrentar cualquier atisbo de corrupción, con objeto de erradicar este tipo de conductas y en caso de que se produzcan, obviamente, garantizar sanciones ejemplares”.
“Creemos que se está dando un paso fundamental, sobre la base del compromiso adquirido con el
Presidente Boric el año pasado, para elaborar una estrategia con diálogo, incorporando la mirada
de los distintos actores que nos permita dar un salto en materia de institucionalidad y regulatoria en
nuestro país”, agregó.
CO – CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA
El documento, presentado en la Plaza de la Constitución, es el resultado de un intenso proceso de co-creación que comenzó en 2022 tras el compromiso que realizó el Presidente Boric en su Cuenta Pública. Durante ese trabajo, se estableció la necesidad de contar con un enfoque proactivo y sostenible en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción.
Como parte de la Agenda de Modernización del Estado, esta Estrategia se desarrolló de manera participativa (consulta pública y diálogos sociales) y con objetivos que se plantearon a diez años, para lograr metas específicas que se organizaron en cinco ejes: Función pública, recursos públicos, transparencia, política y sector privado.
El lanzamiento de este plan reunió a representantes del Parlamento y otras instituciones como Contraloría, Fiscalía Nacional y Fuerzas Armadas, gremios y de la sociedad civil, las cuales fueron parte del proceso de elaboración de la estrategia en sus diversas etapas, al igual como lo hicieron miembros de la sociedad civil y ciudadanos en general a través de una consulta pública.
La Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia liderará la implementación de la ENIP, con miras a avanzar hacia un ecosistema anticorrupción. El monitoreo ciudadano se facilitará a través de reportes periódicos de avance y un sitio web donde se pueda descargar la Estrategia Nacional de Integridad Pública.
