El Gobierno oficializó un ajuste técnico relevante en el sistema de fijación de precios de los combustibles, tras la publicación en el Diario Oficial de un decreto del Ministerio de Hacienda que establece en cuatro semanas el período para calcular el precio de paridad de importación.
La medida comenzará a regir desde el jueves 26 de marzo de 2026 y aplica para gasolinas, diésel y gas licuado vehicular, marcando un cambio en la forma en que se determina el valor de referencia de los combustibles en el país.
Aunque no implica directamente una baja o alza inmediata en los precios, sí modifica una variable clave del sistema, lo que incide en cómo se traspasan las fluctuaciones internacionales al mercado local.
IMPACTO EN EL SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN
Este ajuste se vincula directamente con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), herramienta diseñada para evitar variaciones bruscas en los valores que enfrentan los consumidores.
En términos prácticos, el sistema funciona a través del impuesto específico:
- Si el precio internacional sube, el Estado reduce el impuesto para contener el alza.
- Si el precio baja, el impuesto aumenta para recuperar recursos fiscales.
Gracias a este mecanismo, los precios no cambian de forma abrupta, sino que lo hacen gradualmente dentro de límites establecidos. Con el nuevo decreto, el cálculo pasa de un esquema previo de dos semanas a uno de cuatro, lo que modifica el horizonte de referencia utilizado para determinar estos ajustes.
PRESIÓN FISCAL Y FUTURO DEL MEPCO
La decisión se da en un escenario complejo para el sistema. El MEPCO enfrenta una creciente presión debido al alto costo fiscal que implica contener las alzas, especialmente en un contexto de incremento sostenido del precio internacional del petróleo.
De hecho, se estima que sin este mecanismo los combustibles podrían subir hasta $300 por litro de manera inmediata, reflejando el valor real del mercado internacional.
A esto se suman factores externos, como conflictos internacionales, que han elevado el costo de importación, obligando al Estado a destinar importantes recursos para evitar impactos bruscos en los consumidores. En este contexto, el Gobierno evalúa eventuales modificaciones al sistema, lo que podría traducirse en que los precios reflejen con mayor rapidez las variaciones externas en el futuro.
En síntesis, el nuevo decreto fija una regla técnica clave al establecer un cálculo en cuatro semanas, en medio de un debate más amplio sobre la sostenibilidad del MEPCO y su impacto tanto en las finanzas públicas como en el bolsillo de las familias.
