En respuesta a las irregularidades detectadas en el conocido Caso Convenios, que puso al descubierto manejos irregulares de recursos entre fundaciones y organismos públicos, el gobierno de Chile prepara un proyecto de ley que busca modernizar la regulación de corporaciones y fundaciones sin fines de lucro y fortalecer los mecanismos de control estatal.
La iniciativa, que aún no ingresa formalmente a tramitación, representa un cambio estructural en la supervisión de estas entidades y apunta a garantizar mayor transparencia en la gestión de fondos públicos.
El denominado Caso Convenios o “lío de platas”, comenzó a mediados de 2023 tras las denuncias sobre posibles delitos en los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. La investigación inicial del Ministerio Público derivó en decenas de pesquisas y, en cuestión de meses, más de 30 ONG fueron incluidas en la revisión de sus convenios, con montos bajo análisis que superan los $60 mil millones.
Aunque las autoridades desplegaron acciones para restituir los fondos entregados de manera irregular, se identificó un vacío en la normativa vigente: no existían procedimientos claros que permitieran prevenir, controlar y sancionar conductas indebidas en las relaciones entre el Estado y las fundaciones o corporaciones sin fines de lucro.
Un proyecto con alcance integral
Según fuentes del gobierno citadas por La Tercera, la iniciativa, liderada por el Ministerio de Justicia y la Segpres, incorpora las recomendaciones de la Comisión ministerial para la regulación de la relación entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, creada tras la crisis de los convenios.
El objetivo declarado es establecer estándares claros de transparencia, supervisión y sanción, abordando tanto la prevención como la corrección de irregularidades.
Entre las disposiciones más relevantes del proyecto:
- Traspaso de atribuciones al Ministerio de Justicia: el control de legalidad y el otorgamiento de personalidad jurídica de corporaciones y fundaciones dejará de estar bajo responsabilidad municipal, centralizando la supervisión y agilizando los procesos.
- Creación de un registro público electrónico: el Registro Público de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro reunirá información de fundaciones, corporaciones, juntas de vecinos, uniones comunales y otras organizaciones comunitarias. El registro reemplazará al actual Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, que depende del Registro Civil, y permitirá acceso ciudadano para verificar la legalidad y actividad de estas entidades.
- Procedimiento sancionatorio específico: se establecerán sanciones tanto para las personas jurídicas como para los directivos de las organizaciones. Entre las medidas destacadas:
- Para personas naturales: inhabilitación para ejercer cargos directivos por periodos de 1 a 3 años, según la gravedad de la infracción.
- Para entidades: cancelación de la personalidad jurídica mediante resolución de la Subsecretaría de Justicia, con derecho a recurrir ante la corte de apelaciones correspondiente.
Prevención y transparencia como pilares
El citado medio enfatiza en que, fuentes oficiales indican que el proyecto no se limita a sancionar irregularidades, sino que busca prevenirlas mediante supervisión sistemática y mecanismos de transparencia robustos. El registro público y la centralización del control permitirán un seguimiento más riguroso de las fundaciones que colaboran con el Estado, reduciendo el riesgo de nuevos casos de mal uso de recursos.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo espera cerrar vacíos legales que permitieron desvíos de fondos, establecer un marco de control uniforme a nivel nacional y garantizar que las corporaciones y fundaciones cumplan estrictamente con las normas, contribuyendo a la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos.
