El proyecto de ley presentado por La Moneda amplía las facultades de la Contraloría General de la República, permitiéndole acceder directamente a información bancaria de instituciones públicas, supervisar corporaciones municipales y exigir remoción de autoridades por vulnerar principios de probidad. La medida busca evitar irregularidades en el uso de recursos públicos y agilizar la fiscalización estatal, según informó La Tercera.
El gobierno ingresó ayer viernes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que promete sacudir la estructura del control fiscal en Chile: la Contraloría General de la República podrá levantar el secreto bancario de cuentas institucionales del Estado y supervisar con mayor rigor a corporaciones municipales, gobernadores y alcaldes que incumplan sus deberes.
La medida responde a alertas detectadas por la propia Contralora, Dorothy Pérez, sobre funcionarios que aprovechaban licencias médicas para ausentarse irregularmente y realizar viajes al extranjero, afectando la fiscalización del gasto público. Según La Tercera, la intención del Ejecutivo es robustecer a la Contraloría frente a trabas burocráticas y limitaciones legales que, hasta ahora, habían dificultado la investigación de posibles irregularidades.
Nuevas facultades y alcance
Entre las innovaciones del proyecto destaca la potestad para levantar el secreto bancario de cuentas de instituciones públicas. A diferencia de la Ley de Inteligencia Financiera, que permite abrir información de personas naturales o entes privados ante sospechas de delitos financieros, esta iniciativa se enfoca únicamente en cuentas estatales, garantizando transparencia y control sobre los recursos públicos.
Las entidades bajo fiscalización deberán informar mensualmente los saldos de todas sus cuentas, además de entregar datos adicionales durante inspecciones o investigaciones. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) podrá sancionar a quienes incumplan estas obligaciones, según precisó La Tercera.
Fiscalización de corporaciones y autoridades locales
El proyecto no solo apunta al manejo de fondos: corporaciones municipales, regionales y asociaciones similares pasarán a estar bajo la supervisión directa de la Contraloría. En casos de graves vulneraciones al principio de probidad o abandono de funciones por parte de alcaldes o gobernadores regionales, la Contraloría tendrá la potestad de solicitar al Tribunal Electoral Regional o al Tribunal Calificador de Elecciones la remoción de la autoridad. El Consejo de Defensa del Estado podría asumir esta acción, o de lo contrario será la Contraloría quien lo haga.
La ministra Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó que, “este proyecto refuerza el acceso a la información y la capacidad de fiscalización de la Contraloría, permitiéndole actuar con rapidez y eficacia en la supervisión de los recursos públicos y en la responsabilidad administrativa de las autoridades”.
El proyecto se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Integridad Pública impulsada por La Moneda y recoge sugerencias de la propia contralora, buscando un sistema más ágil, transparente y riguroso en el control estatal, frente a prácticas que han socavado la confianza ciudadana en la gestión pública.
Impacto esperado
Analistas señalan que, de aprobarse, la Contraloría podrá identificar con mayor rapidez irregularidades en el manejo de recursos, reducir la discrecionalidad de algunas autoridades locales y ejercer un control más estricto sobre la administración pública. Además, el levantamiento del secreto bancario estatal podría convertirse en un precedente histórico para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en Chile.
