Tras asumir el mando del país, el gobierno del Presidente José Antonio Kast distribuyó entre ministros y autoridades un instructivo con diez normas que regulan estrictamente el uso de redes sociales institucionales. El documento —al que accedió el medio nacional The Clinic— prohíbe utilizar plataformas oficiales para propaganda política, bloquear ciudadanos por sus opiniones o convertir las cuentas del Estado en vitrinas personales, en un intento por separar la comunicación institucional del debate partidista.
Por momentos, el poder también se administra en 280 caracteres.
Apenas habían pasado algunas horas desde que el nuevo gabinete terminó de jurar frente al Presidente José Antonio Kast cuando, lejos de las cámaras y de los discursos solemnes, comenzó a circular entre ministros, subsecretarios y equipos de comunicación un documento breve pero contundente: diez reglas estrictas para ordenar la conducta digital de quienes ahora hablan en nombre del Estado.
El texto —revelado por el medio nacional The Clinic— no es una guía amable ni una recomendación protocolar. Es, más bien, una hoja de ruta disciplinaria para evitar que las redes sociales se transformen en tribunas políticas, campos de batalla ideológica o vitrinas personales financiadas con recursos públicos.
En una época donde una publicación puede desatar tormentas políticas en cuestión de minutos, el Ejecutivo decidió levantar un cerco normativo alrededor de las cuentas institucionales.
Un nuevo tono para la comunicación del poder
El instructivo fue elaborado por el equipo de comunicaciones de gobierno y comenzó a circular internamente el mismo día en que las nuevas autoridades iniciaron funciones: miércoles 11 de marzo, poco después del mediodía.
La lógica detrás del documento es simple pero ambiciosa: separar con claridad la comunicación institucional de la promoción política o personal.
Según detalla el documento citado por The Clinic, las plataformas digitales del Estado solo pueden utilizarse para difundir información vinculada directamente con las funciones de cada institución pública. Nada de campañas, consignas partidarias ni intervenciones en debates políticos.
La regla es tajante.
El texto advierte que está prohibido utilizar cargos, dependencias estatales o recursos institucionales para promover agendas partidistas, apoyar campañas o participar en actividades de carácter político desde canales oficiales.
En otras palabras: las cuentas del Estado deben hablar como Estado.
La relación con los ciudadanos también cambia
Uno de los puntos más llamativos del instructivo aborda un tema que ha generado controversias en distintos gobiernos del mundo: el bloqueo de usuarios.
La normativa establece que las cuentas institucionales no deben impedir el acceso de ciudadanos por el solo hecho de expresar opiniones, incluso si estas son críticas o incómodas.
El argumento es jurídico y político al mismo tiempo: restringir el acceso a la información pública en plataformas oficiales podría vulnerar derechos vinculados a la participación y a la transparencia.
Sin embargo, el documento introduce un matiz.
Las autoridades no están obligadas a responder mensajes ofensivos o agresivos, y conservan la posibilidad de recurrir a mecanismos legales si enfrentan insultos, amenazas o conductas abusivas.
El fin del protagonismo digital de las autoridades
Otro eje del manual apunta a reducir el protagonismo personal dentro de las comunicaciones oficiales.
El instructivo plantea que las actividades institucionales no deben girar constantemente en torno a la imagen de la autoridad de turno, especialmente en contextos políticamente sensibles o en periodos cercanos a procesos electorales.
La lógica es evitar que la difusión de políticas públicas se transforme en promoción personal financiada con recursos estatales.
También se prohíbe adelantar información oficial en perfiles privados o personales. Las comunicaciones del gobierno, recalca el documento, deben publicarse primero en canales institucionales.
Redes sociales sí, propaganda no
El decálogo también establece límites claros sobre el tipo de mensajes que pueden difundirse.
Los perfiles oficiales del Estado no pueden utilizarse para emitir opiniones, juicios políticos o comentarios que no estén directamente relacionados con las funciones legales del organismo.
Incluso el ejercicio de derechos políticos personales queda acotado.
Las autoridades pueden expresar opiniones partidarias en sus cuentas privadas, pero únicamente fuera de la jornada laboral y utilizando recursos propios.
El primer gesto simbólico: la cuenta de Poduje
Mientras el documento comenzaba a circular entre autoridades, uno de los nuevos ministros tomó una decisión que reflejó el espíritu del instructivo.
El arquitecto y urbanista Iván Poduje, recién nombrado titular de Vivienda y Urbanismo, cerró su conocida cuenta personal en la red social X.
Horas después, abrió un perfil completamente nuevo con carácter institucional.
La señal no pasó desapercibida dentro del gobierno: marcar distancia entre la voz personal y la voz del Estado.
Una estética común para el nuevo ciclo
El cambio no se limitó a las reglas de conducta.
Durante la misma jornada, varios ministerios comenzaron a actualizar la imagen gráfica de sus perfiles digitales. Las nuevas publicaciones aparecieron acompañadas por una franja blanca cruzada por líneas rojas y una consigna uniforme:
“Trabajando para usted”.
Un eslogan breve, repetido en distintos perfiles institucionales, que busca transmitir una idea de servicio público más que de protagonismo político.
El desafío de gobernar en la era digital
Las redes sociales se han convertido en uno de los espacios donde el poder político se juega buena parte de su legitimidad cotidiana.
Un error, una frase mal interpretada o un comentario impulsivo pueden escalar rápidamente a crisis comunicacionales.
El decálogo impulsado por el gobierno de José Antonio Kast intenta precisamente anticipar ese escenario: imponer disciplina comunicacional antes de que el ruido digital eclipse el mensaje político.
Diez reglas.
Un manual breve.
Y una advertencia implícita para quienes ahora ocupan cargos públicos: en la era de las redes, cada publicación también es un acto de gobierno.
