- La cifra total de expulsiones en 2025 ya alcanza las 402, con un alza sostenida en medidas administrativas.
Un nuevo operativo de expulsión concretó el Gobierno este domingo, al sacar del país a 34 migrantes en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con destino a Bolivia, Colombia y República Dominicana. La medida, según informó el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), responde a razones tanto administrativas como judiciales.
De ese total, 21 personas fueron expulsadas por vías administrativas, es decir, por infringir la ley migratoria o cometer delitos como tráfico de drogas, hurto y porte ilegal de armas. El resto, 13 personas, fue sacado del país tras cumplir condenas por delitos como robo con intimidación, homicidio simple, asociación ilícita, receptación de vehículos motorizados y conducción en estado de ebriedad.
En este contexto, el Sermig explicó que estos operativos se coordinan con la Policía de Investigaciones, entidad encargada de ubicar y detener a las personas que serán expulsadas, además de escoltarlas hasta su país de origen.
Por otra parte, el organismo informó que en lo que va del año ya se han concretado 402 expulsiones, de las cuales 285 corresponden a órdenes administrativas y 117 a mandatos judiciales. Esta cifra representa un avance sostenido respecto de años anteriores.
En 2024 se realizaron 1.100 expulsiones, superando las 946 registradas en 2023. Sin embargo, el alza más significativa se refleja en el tipo de medida aplicada: mientras en 2018 y 2019 predominaban las expulsiones judiciales, en los últimos años ha habido un cambio de tendencia, con un fuerte aumento en las administrativas.
En este marco, las cifras acumuladas entre 2018 y 2024 muestran un total de 9.784 expulsiones, con una variación marcada según el año. En 2018 se concretaron 2.052 expulsiones; en 2019, 2.232; en 2020, 1.470; en 2021, 914; en 2022, 1.070; en 2023, 946; y en 2024, 1.100. Las medidas judiciales han ido a la baja, mientras que las administrativas muestran un crecimiento constante desde 2022.
Así, el Gobierno busca reforzar el control migratorio y dar una señal de mayor fiscalización frente a delitos y transgresiones cometidas por extranjeros en el país.
