El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó como «aberrante» la propuesta que busca conmutar penas a reos enfermos sin distinguir la gravedad de sus delitos. Según el Ejecutivo, la medida beneficiaría a criminales de alta connotación como Julio Pérez Silva, Hugo Bustamante y «La Quintrala», permitiendo que violadores y homicidas salgan de prisión antes de cumplir su condena.
En un nuevo capítulo de la tensa recta final de la campaña presidencial, el Gobierno de Chile lanzó una dura advertencia sobre el proyecto de ley que promueve parte de la oposición en el Senado. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, denunció que la iniciativa, defendida por el comando de José Antonio Kast, abriría las puertas de las cárceles a algunos de los criminales más peligrosos de la historia reciente del país.
Los nombres del horror en la lista
La mayor preocupación del Ejecutivo radica en que la propuesta no establece filtros según el tipo de delito. Al priorizar el estado de salud del reo, figuras condenadas por crímenes atroces podrían acceder a la libertad anticipada. Entre ellos, el ministro mencionó específicamente a:
- Julio Pérez Silva: El «Psicópata de Alto Hospicio», autor de múltiples secuestros, violaciones y homicidios de mujeres en la Región de Tarapacá.
- Hugo Bustamante: Condenado por el femicidio de su pareja y el asesinato de Ámbar Cornejo.
- María del Pilar Pérez: Conocida como «La Quintrala», condenada por el encargo de múltiples asesinatos.
«Estamos hablando de liberar a quienes han cometido delitos sexuales contra niños. Esta propuesta consagra la impunidad respecto de delitos graves», afirmó enfático Elizalde.
Radiografía de las cifras
Según los datos entregados por la cartera de Interior, de aprobarse la ley, los beneficiados por esta «conmuta de penas» incluirían a:
- 155 condenados por violación.
- 192 personas condenadas por abusos sexuales.
- Cientos de otros reos por delitos de alta connotación social.
Incoherencia en el discurso de seguridad
Para el ministro Elizalde, existe una contradicción vital en la propuesta defendida por el diputado republicano José Carlos Meza. «Es incoherente hablar de mano dura contra la delincuencia y, al mismo tiempo, promover la impunidad para estos criminales», señaló el secretario de Estado, subrayando que si bien se debe respetar la dignidad de los enfermos, las penas por crímenes graves deben cumplirse de manera efectiva.
La polémica se ha tomado el centro del debate público, obligando a los comandos presidenciales a redefinir sus posturas sobre el equilibrio entre los derechos humanos de los reclusos y la seguridad de las víctimas de delitos sexuales y homicidios.
